CIDH otorga medidas cautelares a mujer venezolana con VIH que iba a ser deportada de Panamá

(Washington D.C, 24/10/2018) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a una mujer venezolana con VIH que se encontraba en proceso de deportación por las autoridades de Panamá.

Según la solicitud, la beneficiaria, quien tiene  VIH, se encuentra en una situación de riesgo a su salud, vida e integridad personal, puesto que, en caso de ser devuelta a Venezuela, no tendría acceso a un tratamiento médico adecuado.

La Comisión tomó en cuenta  lo establecido en la Resolución 2/18 sobre “Migración Forzada de Personas Venezolanas”, los Estados miembros de la OEA “deben respetar el principio y derecho a la no devolución (non-refoulement) a territorio venezolano, sea a través de procedimientos de deportación o expulsión o cualquier otra acción de las autoridades, de personas venezolanas que estarían en riesgos de persecución u otras violaciones graves a sus derechos humanos, incluyendo un riesgo de afectación grave a su salud o a su vida por condiciones médicas, en concordancia con el derecho a la no devolución”.

La CIDH consideró que la beneficiaria se encuentra, en  una situación de grave riesgo, en vista de que sería deportada en circunstancias en las que las autoridades panameñas no habrían valorado su situación de riesgo a la salud y posibilidades de continuar un tratamiento médico en Venezuela. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión en su Resolución 81/2018, solicitó al Estado de Panamá que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora M.B.B.P. En particular, la CIDH solicitó a Panamá que se abstenga de deportar o expulsar a la beneficiaria hacia Venezuela en tanto las autoridades internas no hayan debidamente valorado, conforme a los estándares internacionales aplicables, el alegado riesgo enfrentado respecto a su situación de salud.

La Comisión destacó que no le compete determinar si la beneficiaria en efecto ameritaría obtener la condición de refugiada, conforme a la normativa interna o internacional, o bien, si las autoridades competentes analizaron debidamente el conjunto de alegatos presentados por sus representantes legales en sede administrativa y judicial.

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