Mecanismos y Procedimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Los organismos del Sistema Interamericano -la Comisión y la Corte- llevan a cabo diversas acciones destinadas a la observancia, promoción y protección de los derechos humanos en la región.

I. Comisión Interamericana (CIDH)

1- Audiencias

El capítulo IV del Reglamento de la Comisión describe el sistema de audiencias ante este organismo, las cuales puede celebrar por motivación propia o de la parte interesada.

Las audiencias pueden tener por objeto:

  • Información de carácter general o particular relacionada con uno o más Estados Miembros de la OEA. Reciben el nombre de audiencias generales, son públicas por regla general y se llevan a cabo por lo menos dos veces al año, durante los períodos ordinarios o extraordinarios de sesiones de la CIDH. Cualquier organización o grupo de organizaciones legalmente reconocidas, víctima de violaciones a los derechos humanos o su representante pueden solicitar una audiencia ante la CIDH. Para ello, deben llenar una planilla de solicitud en línea a través de la página http://www.oas.org/es/cidh/ algunas semanas antes de que inicie el período de sesiones. En la solicitud es recomendable incluir un informe describiendo la situación de derechos humanos por la cual urge realizar una audiencia, así como las peticiones respectivas a la Comisión y al Estado. Los resultados de las audiencias son posteriormente recogidos en el Informe Anual que debe presentar la CIDH ante la Asamblea General, el cual es hecho público a través de la página ya mencionada.  
  • Recibir información con relación a alguna petición de un particular, de un caso en trámite ante la Comisión.
  • Hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH.
  • Hacer seguimiento a medidas cautelares emitidas por la Comisión.

El artículo 63 del Reglamento establece las garantías para las personas que colaboren con la CIDH: el Estado no puede enjuiciar, ni ejercer represalias contra las personas que colaboren con la CIDH en una audiencia ni contra sus familiares.

2- Observaciones in loco

Los artículos 53 a 56 del Reglamento de la Comisión disponen que la CIDH puede nombrar una Comisión Especial con el objetivo de realizar visitas a Estados para documentar en el lugar una situación general o específica de derechos humanos. Estas se deben realizar bajo invitación o anuencia del Estado. La Comisión establece su propio plan de trabajo y deben contar con las garantías de que podrán entrevistar libre y privadamente a quien consideren pertinente, que podrán transitar libremente por el país, que tendrán acceso a prisiones y centros de reclusión y podrán entrevistar a las personas recluidas en esos lugares, que el Estado les facilitará todos los documentos que necesiten para cumplir con su mandato y que podrán hacer uso de los medios necesarios para recabar y reproducir la información que consideren pertinente. De igual forma, el Estado debe comprometerse a que no tomará ninguna represalia contra las personas o entidades que hayan colaborado con la Comisión.

3-  Peticiones Individuales

Los artículo 45 al 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 23, 24 y del 28 al 50 del Reglamento de la CIDH establecen la competencia de la Comisión de recibir, procesar y decidir sobre peticiones de denuncias individuales que reciban, los requisitos que deben cumplir, el procedimiento aplicable y las posibles decisiones que pueden tomar al respecto.

En efecto, Cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Parte de la Convención pueden presentar peticiones relacionadas a violaciones de las disposiciones contenidas en la Declaración o en cualquiera de las convenciones firmadas y ratificadas por el Estado en cuestión.

PROCEDIMIENTO

Toda denuncia o petición ante la Comisión Interamericana se debe realizar a través del sistema online en la siguiente página: http://www.oas.org/es/cidh/portal/ en el cual el peticionario se tendrá que registrar para luego enviar la denuncia. En dicha página se ofrece una explicación detallada de cómo se utiliza la página y la información que se debe enviar.

Requisitos que debe cumplir una petición:

  • Nombre de la persona o personas denunciantes, o el de su representante legal, en caso de que sea una entidad no gubernamental, y el Estado donde está legalmente reconocida.
  • Si el peticionario desea que su identidad se mantenga confidencial y las razones para ello. El nombre de la víctima no puede ser mantenido bajo confidencialidad, pues debe ser conocida por el Estado para llevar a cabo las acciones pertinentes, aunque es posible que, si el caso se publica, se utilice nada más la inicial de su nombre.
  • Dirección de correo electrónico y física del peticionario para recibir información de la Comisión.
  • Relación detallada del hecho o situación denunciada en orden cronológico, incluyendo lugar y fecha. Se debe adjuntar documentos u otros elementos de prueba que soporten la relación de los hechos. Documentos oficiales no deben ser autenticados, basta con copias simples.
  • Nombre de la víctima de ser posible, así como de cualquier autoridad pública que tuvo o haya podido tener conocimiento de la situación denunciada.
  • Indicación del Estado que el peticionario considera responsable por la violación a la Convención o a otros mecanismos aplicables, por acción u omisión.
  • Cumplimiento con el plazo: la petición debe ser presentada dentro de los seis meses posteriores a que  la víctima es informada de la decisión que agota los recursos internos. En caso de que aplique alguna de las causales de excepción al agotamiento de los recursos internos, debe ser presentada en un plazo razonable luego de que ocurre la violación del o los derechos humanos denunciada.
  • Gestiones empleadas para agotar las instancias internas o la imposibilidad de agotarlas. De forma excepcional, se puede presentar una denuncia ante la CIDH sin haber agotado los recursos internos, si se demuestra que se ha cumplido alguno de los siguientes supuestos: a) No exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección de los derechos lesionados; b) no se haya permitido al lesionado acceder a los recursos de la jurisdicción interna o se le haya prohibido agotarlos; c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los recursos.
  • Indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional.

 

  1. Tramitación inicial y AdmisibilidadLa Secretaría Ejecutiva de la CIDH tiene la responsabilidad del estudio y tramitación inicial de las peticiones presentadas que cumplan con los requisitos. Si no los cumple, puede pedirle al peticionario que los complete. Cada petición se recibirá, se registrará y se dará acuse de recibo al peticionario. Si dos o más peticiones versan sobre los mismos hechos, personas o patrones de conducta similares, la Comisión las puede acumular y tramitar en conjunto. Posteriormente, la Secretaría Ejecutiva envía las partes pertinentes de la petición al Estado y solicitará información, la cual debe ser entregada a los tres meses a partir de su transmisión. El Estado puede solicitar una prórroga si tiene fundamentos para ello, pero no pueden pasar de cuatro meses a partir de su transmisión.
    Las consideraciones y cuestionamientos a la admisibilidad deben presentarse antes de que la CIDH se pronuncie sobre ésta. En casos de gravedad y urgencia, o cuando se considere que la vida o integridad personal de una persona está en peligro inminente, la CIDH puede solicitar al Estado que envíe sus observaciones e información sobre admisibilidad y fondo del asunto dentro de un plazo razonable.
    Causales de inadmisibilidad: 

    • Que la materia esté pendiente de un mecanismo de arreglo ante otro organismo internacional, excepto si a) el organismo internacional está llevado a cabo un examen general de derechos humanos; b) no conduzca a su arreglo efectivo o c) si los peticionarios son personas diferentes.
    • Que el asunto ya haya sido examinado por la Comisión u otro organismo internacional.
    • Que la petición no exponga hechos que caractericen una violación de los instrumentos de derechos humanos.
    • Que sea manifiestamente infundada o improcedente.
    • Que la inadmisibilidad o improcedencia resulten de una prueba sobrevenida.

     Grupo de Trabajo sobre Admisibilidad: conformada por tres o más miembros de la Comisión que se encargarán de estudiar la admisibilidad de las peticiones entre período de sesiones y formulará recomendaciones al Pleno.
    Una vez consideradas las posiciones de las partes, la CIDH se pronunciará sobre la admisibilidad en un informe público, el cual será incluido en el Informe Anual. Con ocasión del informe, se registrará la petición como caso y se iniciará el procedimiento sobre el fondo.

  2. Fondo:

    • Una vez abierto el caso, se da cuatro meses a los peticionarios para que presenten sus observaciones sobre el tema de fondo. Una vez recibidas, se transmiten las partes pertinentes al Estado, quien tendrá cuatro meses para enviar sus observaciones.
    • Antes de pronunciarse sobre el fondo, la CIDH fija un plazo para que las partes se manifiesten sobre si desean iniciar el procedimiento de solución amistosa.
    • Si lo considera necesario, la Comisión puede convocar a las partes a una audiencia.
  3. Acciones que puede tomar la Comisión sobre un caso:

    Solución amistosa (art. 40): a petición de alguna de las partes o por iniciativa propia, la CIDH se puede poner a disposición de las partes para llegar a una solución amistosa apegada a los principios de derechos humanos en cualquier estado de la petición o caso.

    Desistimiento (art. 41): el peticionario puede desistir por escrito de su petición o caso en cualquier etapa. La CIDH decidirá si archiva el caso o lo continúa, con el objetivo de tutelar un derecho determinado.

    Archivo de peticiones o casos (art. 42): la CIDH puede decidir el archivo de una petición o caso cuando no existan o subsistan los motivos que la fundamentaron, no cuenten con la información necesaria o el peticionario se muestre desinteresado en el proceso.

    Puede afirmar o negar que haya habido violación a los derechos humanos alegados en la petición.

  4. Informe preliminar: La Comisión debe indicar su decisión final en un informe. Si decide que hubo una violación de derechos humanos, debe enviar un informe preliminar al Estado con las recomendaciones correspondientes, el cual tendrá un tiempo determinado para informar sobre las medidas adoptadas. De igual forma, notificará al peticionario sobre el envío del informe preliminar al Estado. En caso de que el Estado sea parte de la Convención Americana, el peticionario tendrá un mes para enviar su postura con respecto al envío del caso a la Corte Interamericana.
  5. Sometimiento del caso a la Corte: Si el Estado en cuestión es parte de la Convención Americana y en caso de que no haya cumplido con las recomendaciones del informe preliminar, la Comisión puede someter el caso a jurisdicción de la Corte Interamericana.
  6. Seguimiento: Si a los tres meses de enviado el informe preliminar al Estado no se han tomado las medidas necesarias o no se ha sometido el caso a la Corte Interamericana, la CIDH emitirá un informe definitivo con su opinión, conclusiones finales y recomendaciones sobre el caso. Este informe será enviado a las partes interesadas, las cuales deberán informar a la Comisión, en el plazo establecido por ella, sobre el cumplimiento de las recomendaciones. En base a esta información recibida, la CIDH decidirá si se publica o si se incluye en el Informe Anual. luego de la publicación del informe sobre la solución amistosa o el informe definitivo, la CIDH puede adoptar las medidas que considere necesarias para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones, como solicitar información o celebrar audiencias.

 

Carga de la prueba: se considerarán verdaderos los hechos alegados en la petición que hayan sido transmitidos al Estado si éste no presenta pruebas suficientes para contradecirlos o si no existen otros elementos de convicción que resulten en una conclusión contraria. (art. 38)

Denuncias interestatales: la Convención Americana contempla la posibilidad de que un Estado denuncie a otro por el incumplimiento de sus obligaciones con respecto a los derechos contenidos en la Declaración u otras convenciones en el marco de la OEA. El procedimiento seguido es el mismo que el de las peticiones individuales, pero aún no ha sido utilizado.

4- Medidas Cautelares

El artículo 25 del Reglamento establece que, a petición de parte o por iniciativa propia, la Comisión puede solicitar a un Estado que adopte medidas cautelares cuando exista una situación de gravedad o urgencia que presente un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante el Sistema Interamericano. Una medida cautelar puede estar relacionada con una petición o caso o ser solicitada de forma independiente.

A efectos de tomar una decisión, la Comisión considerará que:

  1. La gravedad de la situación significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano.
  2. La urgencia de la situación se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar.
  3. El daño irreparable significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Una medida cautelar puede proteger a una persona o grupo de personas que sean determinadas o determinables a través de su ubicación geográfica, o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.

Una solicitud de medida cautelar debe contener:

  • Los datos de las personas propuestas como beneficiarias o información que permita determinarlas.
  • Descripción detallada y cronológica de hechos que sustentan la solicitud y cualquier información disponible.
  • Descripción de las medidas de protección solicitadas.

Al revisar una petición de medida cautelar, la Comisión considerará lo siguiente:

  • El contexto.
  • Si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades competentes, y si no, las razones para ello.
  • La identidad del beneficiario o la determinación del grupo que sería beneficiario.
  • La expresa conformidad del beneficiario, en caso de que haya sido solicitada por un tercero, y si no, si la ausencia de conformidad se encuentra justificada.

Antes de tomar alguna decisión respecto a las medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, a menos que la inmediatez del daño potencial no admita demora, en cuyo caso la decisión se revisará lo más temprano posible.

El otorgamiento de medidas cautelares se hace en forma de resolución. Estas no constituyen un prejuzgamiento sobre ninguna petición o caso.

La Comisión debe evaluar periódicamente las medidas cautelares para decidir si mantenerlas, modificarlas o levantarlas. El levantamiento de la medida cautelar puede ser por iniciativa propia o por una petición formal del Estado, pero primero debe consultar con el peticionario. Una medida cautelar puede ser levantada si no se da una respuesta satisfactoria a la Comisión sobre requerimientos hechos.

La CIDH puede adoptar las medidas de seguimiento que considere pertinentes: requerir información a las partes interesadas, cronogramas de implementación, audiencias, reuniones de trabajo, visitas de seguimiento y revisión.

La Comisión puede solicitar medidas cautelares a la Corte. Si en el asunto se hubieren otorgado medidas cautelares, se mantendrán hasta que la Corte comunique su resolución. Si la Corte las desestima, la Comisión no considerará una nueva solicitud sobre el mismo asunto, a menos que existan nuevos hechos que así lo justifiquen.

II. Corte Interamericana (Corte IDH)

1- Opinión Consultiva

Cualquier Estado Miembro de la OEA, la Comisión Interamericana o cualquier otro organismo de la Organización puede solicitar a la Corte referida a la interpretación de la Convención, de otros tratados de derechos humanos del Sistema Interamericano o de leyes internas.

2- Sometimiento de Casos

El Estatuto y el Reglamento de la Corte establecen el procedimiento y medidas que puede adoptar la Corte cuando se somete un caso ante ella. La Comisión Interamericana o Estados Parte de la Convención Americana pueden someter casos ante la Corte Interamericana contra Estados que sean igualmente parte de la CADH. A las partes se les informará sobre el sometimiento del caso ante la Corte, luego de lo cual podrán presentar sus escritos ante la Corte de forma física o electrónica.

La Corte Interamericana únicamente se pronuncia sobre el cumplimiento o no del Estado con sus obligaciones en materia de derechos humanos y en sus sentencias establece medidas de reparación integral a las víctimas. No tiene jurisdicción para condenar a individuos o llevar a cabo ningún proceso penal.

El Estado es responsable de violaciones de derechos humanos por:

  • Acción: consecuencia de un hacer o actuar de un Estado o sus agentes.
  • Aquiescencia: consentimiento tácito del Estado o sus agentes.
  • Omisión: consecuencia de que el Estado o sus agentes no actúen cuando debían hacerlo.

Partes:

  1. El Estado designa a un Agente para representarlo ante la Corte. De igual forma, puede nombrar a un Agente Alterno para asistir al Agente en sus funciones y suplirlo en sus ausencias temporales.
  2.  La Comisión designará a un Delegado para representarlo ante la Corte.
  3. Las víctimas pueden designar a un Representante, el cual debe estar debidamente acreditado. En caso de que las víctimas no hayan designado a un Representante por sí mismas, la Corte designará a un Defensor Interamericano para que las represente. En caso de que exista pluralidad de víctimas o representantes, se designará a un Interviniente Común, quien será el único autorizado para la presentación de escritos de solicitudes, argumentos y pruebas, incluyendo las audiencias públicas.

Las víctimas pueden presentar, a través de sus Representantes, sus escritos de solicitudes, argumentos y pruebas de forma autónoma, y continuarán actuando así durante todo el proceso.

Otros actores:

  1. Amicus curiae: persona o institución ajena al litigio o proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos o formula consideraciones jurídicas, a través de un documento o alegato presentado en audiencia.
  2. Declarantes: víctimas, peritos o testigos que declaren ante la Corte.

Medidas Provisionales

El artículo 27 del Reglamento prevé que la Corte puede adoptar Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión en casos que aún no llegan a su jurisdicción, o a solicitud de parte en un caso contencioso en cualquier estado del proceso.

Al igual que las medidas cautelares de la Comisión, la Corte adopta estas medidas en casos de extrema gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a la persona.

La solicitud de medida cautelar puede ser enviada a través de cualquier medio de comunicación. Quien sea que reciba la solicitud, debe ponerla en conocimiento del Presidente de la Corte de manera inmediata. Antes de adoptarla, la Corte puede solicitar al Estado, la Comisión, las víctimas o sus representantes información sobre el asunto. Si la Corte no estuviese reunida en el momento, el Presidente de la Corte, en consulta con la Comisión Permanente, puede emplazar al Estado a tomar las medidas urgentes necesarias para asegurar la eficacia de las medidas provisionales que la Corte podría adoptar.

Si las medidas son aprobadas, la Corte tiene la función de supervisar su cumplimiento, para lo cual el Estado debe presentar un informe estatal sobre las acciones que ha llevado a cabo para cumplir con ellas. Por su parte, tanto la Comisión como las víctimas pueden hacer observaciones a los informes presentados. Si lo considera necesario, la Corte puede incluso requerir información de terceros, como peritajes o experticias; o convocar a audiencias públicas sobre el caso.

La Corte presenta todos los años una relación de las medidas adoptadas en su Informe Anual, indicando si el Estado ha cumplido o no con las recomendaciones pertinentes.