Resultados del Informe de Expertos Internacionales sobre Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela

(Washington D.C, 30/05/2018) El Panel de Expertos Independientes Internacionales creado por iniciativa de la Secretaría General de la OEA  y conformado por Irwin Cutler, ex Ministro de Justicia de Canadá, Manuel Ventura, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y  Santiago Cantón, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó en una rueda de prensa los resultados de su investigación. 

Con los resultados de este informe, los expertos afirma que existe evidencia suficiente que demuestra que los actos cometidos en Venezuela desde febrero de 2017 hasta la fecha, constituyen como crímenes de lesa humanidad, según lo establecido  en el artículo 7 del Estatuto de Roma, así como el cumplimiento de los criterios de prueba contemplados en el artículo 53 del mismo estatuto. Por ello el grupo de expertos recomienda a la OEA lo siguiente:

  • El Secretario General de la OEA remita el Informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General de la OEA a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional para que ésta abra una investigación de los crimenes presentados en el Informe.
  • El Secretario General invite a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en este Informe, de conformidad con lo que establece el Artículo 14 del Estatuto de Roma.

El panel identificó  que se cometieron ataques sistemáticos contra la población llevados a cabo por las fuerzas de seguridad “con arreglo a una política del Estado encaminada a la supresión de los puntos de vista y las opiniones de las personas que se muestran en desacuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro”:

  • El Informe identifica a 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos.
  • Desde 2015 se han registrado más de 8.292 ejecuciones extrajudiciales, que en muchos casos son resultado de allanamientos ilegales y violentos de viviendas realizados por los diferentes cuerpos de seguridad.
  • Uso generalizado de la tortura contra los detenidos, se estima que fueron cuando menos 289. Los atropellos van desde el empleo de tortura blanca y otras formas de tortura psicológica, hasta brutales golpizas que a menudo provocan daños físicos graves que por lo general no reciben atención médica; tortura sexual; el someter a los detenidos a posiciones estresantes; las descargas, eléctricas (incluso en los genitales); las quemaduras; el empleo de gas lacrimógeno; el dar comida podrida, o comida mezclada con fragmentos de vidrio o de excrementos, y, en algunos casos, el mantener a los detenidos sin comida ni agua. Por lo general, la tortura ocurre durante períodos prolongados y se repite a lo largo del tiempo. Entre las víctimas se cuentan personas de todas las edades, incluso menores, sin que se tengan en cuenta las enfermedades mentales o físicas preexistentes.
  •  Violencia sexual utilizada contra detenidos de ambos sexos. Los casos registrados incluyen el uso de tortura sexual, incluido el desnudamiento forzado; las amenazas de violación; el manoseo inapropiado; los actos lascivos; las descargas eléctricas en los genitales y los senos de las víctimas, y la violación de los detenidos, que han tenido lugar en ámbitos públicos y privados. Además, el Panel de Expertos Internacionales Independientes
    examinó considerable evidencia de un patrón de violencia sexual contra las mujeres, incluido un patrón de violación y violencia sexual contra personas que se encontraban bajo custodia del Estado.
  • Más de 12.000 venezolanos han sido detenidos arbitrariamente desde la elección del Presidente Maduro en 2013, lo que arroja una media de unas siete personas al día, todos los días desde su elección.
  • El número de presos políticos en Venezuela es el más elevado desde la dictadura militar de la década de 1950; en el momento álgido de las protestas de 2017 había 676 presos políticos. Después de estabilizarse en torno a 220 en los primeros cuatro meses de 2018, el número de presos políticos se disparó en las semanas previas a las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Al 13 de mayo de 2018, había 338 presos
    políticos tras las rejas. Desde 2013, ha habido más de 1.300 presos políticos. Se han presentado también pruebas que revelan la complicidad criminal de jueces y fiscales al ordenar esos arrestos arbitrarios, encarcelaciones y privaciones de libertad.
  • La información presentada respecto de la crisis humanitaria y estima que la utilización de la crisis como instrumento de política para presionar a un segmento de la población que está en la oposición, o que es considerada opositora al Régimen, así como la negación de la crisis por parte del gobierno y su negativa de aceptar asistencia humanitaria, constituye múltiples violaciones de derechos fundamentales, como el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a la salud, y el derecho a la alimentación, y que por
    consiguiente se trata de un delito de persecución fundada en motivos políticos, comprendido en
    el ámbito de actuación del Panel.

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