Informe de Human Rights Watch revela abusos sistemáticos contra opositores

(Washington DC, 29/11/2017) La organización Human Rights Watch presenta su informe titulado “Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela” en el que se documentan 88 casos de al menos 314 personas quienes describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y otros 13 estados del país entre abril y septiembre de 2017.

Este informe además reune una serie de entrevistas realizadas a más de 120 personas, incluidas víctimas y sus familiares, abogados afiliados al Foro Penal que asistieron pro-bono a víctimas en audiencias judiciales y profesionales médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones o en lugares próximos a ellas. También evalúan las evidencias disponibles que corroboraban los testimonios, incluidas fotografías, grabaciones de vídeo, informes médicos y sentencias judiciales, y consultamos informes y declaraciones oficiales.

“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

A pesar de las evidencias abrumadoras de violaciones de derechos humanos, Human Rights Watch y el Foro Penal no consiguieron ningún indicio de que funcionarios públicos en puestos clave —incluidos aquellos que sabían o debían haber sabido sobre los abusos— hayan adoptado medidas para prevenir y sancionarlos. Por el contrario, a menudo han restado gravedad a los abusos o han negado indiscriminadamente, y con total inverosimilitud, lo sucedido.

El gobierno venezolano ha caracterizado las protestas en todo el país como violentas. Hubo algunos episodios en los cuales ciertos manifestantes emplearon violencia, por ejemplo, arrojando piedras y cócteles Molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, los abusos violentos documentados no fueron parte de un intento por reprimir manifestaciones violentas. Por el contrario, estas atrocidades se infligieron a personas que ya estaban bajo la custodia o el control de las fuerzas de seguridad, o constituyeron actos de violencia desproporcionada o abusos deliberados contra personas en protestas, en las calles o incluso en sus propias viviendas.

Antes de la publicación del informe, Human Rights Watch y el Foro Penal compartieron sus conclusiones con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien está realizando un seguimiento detallado de la situación de los derechos humanos en el país.

Informe completo aquí