Corte IDH encuentra responsable al Estado Venezolano de violar el derecho a la participación política

(Costa Rica, 31/05/2018) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha encontrado responsable al Estado de Venezuela por violación de derechos políticos y libertad de pensamiento de Rocío San Miguel, Magaly Chang y Thaís Peña.

La sentencia es producto del uso de la “Lista Tascón”, la cual consistío en la publicación de las firmas y datos de quienes respaldaban la convocatoria del referendo revocatorio del año 2003 al entonces presidente Hugo Chávez Frías, además se le acusó a quienes participaron en el proceso de ser complicés de un “megafraude”, entre ellos las 3 ciudadanas ya mencionadas. Múltiples medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil documentaron los despidos masivos y represalias de aquellos funcionarios públicos cuyas firmas se encontraban en la lista.

La Corte IDH afirma que el referendo se llevó a cabo en un contexto de inestabilidad  política, cargado de intolerancia, por lo que  “resulta evidente que la publicación de la identidad de los firmantes en la ‘Lista Tascón’’ tenía fines intimidatorios, que buscaban desincentivar la participación y la posibilidad de disidencias políticas”.

Tomando en cuenta estos hechos, la Corte en su sentencia consideró que el solicitar y participar en un  proceso revocatorio es un derecho político protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos y reitera el hecho de que “en una sociedad democrática una persona nunca podría ser discriminada por sus opiniones políticas o por ejercer legítimamente derechos políticos”.

Sobre los despidos de las víctimas del caso, la Corte determinó que la finalidad  real era “generar una represalia en su contrato por haber ejercido legítimamente un derecho de carácter político, lo que fue percibido por los funcionarios superiores como un acto de deslealtad política”. Dado esto, la Corte IDH encuentra al Estado de Venezuela responsable por la violación al derecho a la participación política de las 3 denunciantes, sumado a eso se violento el derecho al acceso a la justicia por la carencia de garantías y protección  judicial de los procesos internos.

Además, la Corte determinó que los despidos arbitrarios tenían la intención de descentivar y aplacar la disidencias política , siéndo usado como un ejemplo para que aquellas otras personas que también fueron parte del proceso revocatorio  se vieran amedrentadas de participar políticamente y a “reparar” el hecho de haber firmado, por lo que “la Corte IDH declaró que el Estado es responsable por la violación de la libertad de pensamiento y expresión, en relación con el principio de no discriminación de las víctimas”. A su vez, la Corte consideró sobre  la terminación abrupta de los contratos laborales y la negación al acceso a la justica, el Estado venezolano es reponsable por la violación del derecho al trabajo.

La Corte ordenó al Estado de Venezuela el aplicar diversas medidas de reparación, como el tomar acciones necesarias para que estas “desviaciones del poder” no queden impunes.

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