CIJ “los tribunales militares venezolanos no satisfacen las condiciones necesarias e inherentes de un tribunal independiente e imparcial”

(Ginebra, 14/04/2018) La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), compuesta por 60 eminentes jueces y abogados de todas le regiones del mundo quienes promueven y protegen los derechos humanos mediante el Estado de Derecho, ha publicado un informe sobre “El Juzgamiento de Civiles por Tribunales Militares en Venezuela”.

En el informe la CIJ hace un recuento de la intensificación de la práctica sistemática y generalizado del juzgamiento de civiles de manos de tribunales militares, donde citan cifras dadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas “entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017, más de 600 civiles detenidos en el contexto de protestas y marchas estaban siendo procesados por tribunales militares, acusados de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, como los de “rebelión” y “traición”. Así como describen las trabas a las que son sometidas los abogados defensores para acceder a las salas de audiencia, comunicarse con sus representados e incluso acceder al expediente.

La CIJ recuerda que esta medidas no data de años recientes, ya que durante las décadas de 1960 y 1990, “el  juzgamiento de civiles por tribunales militares fue un recurso frecuentemente empleado por los sucesivos gobiernos venezolanos”, y que en los años 2000 y 2010 se registraron varios casos de esta naturaleza, como el procesamiento de varios periodistas por tribunales militares, siendo estos acusados por los presuntos delitos de injuria a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y/o revelación de informaciones que comprometen la institución militar. En este periodo resalta el caso del ex General Francisco Usón Ramírez, procesado por la jurisdicción penal militar por unas declaraciones dadas en un programa de televisión en abril de 2004, donde  cuestionó la versión oficial sobre la muerte de dos soldados.

La Comisión concluye que los tribunales militares venezolanos no satisfacen las condiciones necesarias e inherentes de un tribunal independiente e imparcial, según lo establecido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Jueces y fiscales, en tanto oficiales militares, son funcionarios del Poder Ejecutivo, sometidos a los principios de subordinación jerárquica y disciplina militar. Esta situación es totalmente contraria al principio de separación de poderes, elemento
esencial para una correcta administración de justicia.

Los amplios y discrecionales poderes en materia de jurisdicción penal militar del Presidente de la República, el Ministro de la Defensa y los comandantes militares son incompatibles con el principio de independencia de toda administración de justicia y vulnera hondamente el principio de separación de poderes.

El juzgamiento de civiles por tribunales militares configura una violación flagrante de los derechos a un tribunal independiente, imparcial y competente así como al debido proceso legal y es incompatible con las normas y estándares internacionales sobre administración de justicia.

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