Resumen del 167 Período de Audiencias de la CIDH

(Washington D.C, 06/04/2018) Luego de la culminacion del 167  período de audiencias de la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos, la CIDH pública un resumen sobre “Audiencias Públicas, Reuniones de Trabajo, Actividades Promocionales y Reuniones Bilaterales”.

Empresas y Derechos Humanos en Venezuela

Las organizacione que solicitaron la audiencia indicaron que la responsabilidad por la violación de los derechos humanos puede corresponder no solamente al Estado sino a particulares y empresas. Subrayaron que es necesario implementar reformas legislativas que permitan garantizar la rendición de cuentas de las empresas y una efectiva reparación para las víctimas. También instaron a la CIDH a desarrollar estándares en la materia y mecanismos efectivos para garantizar los derechos humanos en dichos contextos, teniendo en cuenta el impacto de las actividades empresariales transnacionales. El Estado indicó que se debe superar la concepción del Estado como único actor responsable de violaciones de derechos humanos, reiteró su respaldo a los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos emanados de las Naciones Unidas y al grupo intergubernamental para la creación de un tratado vinculante, también manifestó el compromiso de la elaboración de un Plan de Acción Nacional en la materia.

Derecho a la alimentación y a la salud en Venezuela

Las organizaciones solicitantes denunciaron las sistemáticas violaciones al derecho de la salud de la población, consistentes en la escasez prolongada de medicamentos, la insuficiencia y deterioro de infraestructura médica, la imposibilidad de recibir tratamientos médicos esenciales y la falta de información pública. Respecto al derecho a la alimentación, manifestaron que existe un alto índice de desnutrición en la población y que la corrupción e impunidad está tan arraigada que destruye la producción alimentaria e impide el acceso a los alimentos. Señalaron su especial preocupación por el alto riesgo en que las poblaciones en situación de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, niños, niñas y personas mayores, entre otras, se encuentran por la crisis económica y social existente. Por otro lado, el Estado alegó que los principales problemas para la garantía de estos derechos son la existencia de sanciones unilaterales impuestas a Venezuela. La CIDH recomendó al Estado aceptar ayuda internacional y lo exhortó a publicar información oficial y a dar su anuencia para una visita in loco.

Seguridad ciudadana e institucionalidad en Venezuela

Las organizaciones venezolanas manifestaron que el Estado  ha adoptado una política represiva sobre la población, incluyendo medidas abusivas como allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias por motivos políticos, uso excesivo de la fuerza y uso indebido del sistema de justicia penal. Se refirieron a las detenciones arbitrarias de estudiantes, activistas de derechos humanos, políticos y diputados de la Asamblea Nacional, así como a las torturas cometidas contra los detenidos. Asimismo, denunciaron el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles. Hicieron énfasis en las violaciones al debido proceso y en la falta de investigación de las denuncias presentadas por personas detenidas. El Estado, por su parte, consideró que en el país no existen manifestaciones pacíficas contra el gobierno, sino que son violentas, y que ha hecho un uso legal de la fuerza para controlarlas. La Comisión requirió información relativa a la situación jurídica y fáctica de las personas detenidas. 

Situación del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en América del Sur

Las organizaciones solicitantes informaron sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Indicaron que en 2017 en Ecuador disminuyeron los ataques a la prensa a partir del cambio de gobierno, no obstante subsistir restricciones; según lo informado la mayor cantidad de casos relevados se vincularon a la libertad de expresión en Internet. Asimismo, expusieron sobre la grave situación política y social en Venezuela y denunciaron que los periodistas enfrentan una alta restricción al acceso a la información pública. También denunciaron la proliferación de casos de acoso judicial en Perú contra periodistas que ejercen en las regiones. Las organizaciones pidieron que la CIDH solicite información al Estado de Bolivia sobre la aprobación de normas que podrían llevar a la asfixia económica a medios de comunicación, situación sobre la cual se expuso en la audiencia. La CIDH solicitó información ampliatoria sobre la criminalización de periodistas que investigan corrupción.

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