Resumen Audiencia CIDH “Venezuela: Justicia Militar”

(Examen ONU, 16/05/2018) La audiencia número 28 del 168 periodo de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trató sobre la situación de la afectación de los principios de la separación de poderes y la imparcialidad judicial, en el marco del uso de la justicia militar para atender situaciones de orden civil.

En esta audiencia participaron  Alí Daniels, director de  Acceso a la Justicia; Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y  Carlos Patiño de PROVEA. En ella denunciaron ante la Comisión que en el marco de la emergencia humanitaria compleja y el desmantelamiento del Estado de Derecho, el poder judicial ha sido usado por el Ejecutivo como un medio para adquirir poder, y a su vez como un instrumento de represión. Así como la usurpación de los nombramientos de los jueces militares y órganos vinculados al sistema de justicia y la fiscalía; la forma irregular por la cual fueron cesados de sus funciones jueces militares, y la carencia de un sistema carcelario que sea ordenado y regido por actores competentes en la materia.

De igual manera, expusieron ante la CIDH el uso de la justicia militar como herramienta de persecución política, demostrado en los 757 civiles presentados ante tribunales militares, imputados de delitos de rebelión, traición a la patria y ataque al centinela, durante los 6 meses de protestas en el año 2017 en el país, “procesos que  se han caracterizado por  violación al derecho a la defensa y al debido proceso”, afirmó Patiño. Los miembros de la sociedad civil también relataron a la Comisión el caso del Diputado Gilbert Caro, quién ha sufrido de retardo en el debido proceso.

Alí Daniels manisfestó su preocupación por la norma de la ley militar sobre “la obediencia debida consagrada”, debido a que es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, “es decir, una norma que viole los derechos humanos debe ser cumplida”, dijo Daniels.

Peticiones a la Comisión

  1. Requerir a la República Bolivariana de Venezuela cesar de inmediato la justicia militar a civiles;
  2. Requerir al Estado Venezolano liberar a las personas civiles que se encuentran privadas de libertad por orden de tribunales militares;
  3. Los procesos judiciales en curso en la jurisdicción militar sean inmediatamente transferidos a la jurisdicción civil;
  4. Exigir al Estado una investigación independiente e imparcial en los casos de denuncias de malos tratos en los casos de civiles procesados por justicia militar y adecuar las medidas de reparación de las mismas;
  5. Recomendar al Estado venezolano el adaptar los códigos, leyes y normativas militares a la Constitución Nacional y se establezca expresamente el no juzgamiento de civiles en tribunales militares, adaptándose a los estándares internacionales.

Intervención del Estado 

Los representantes del Estado Venezolano, General de División Edgar Rojas Borges, Magistrado Presidente de la Corte Marcial y el Circuito Judicial Penal, General de Brigada Ángel Eduardo Pinedo, director de derechos humanos y derecho internacional humanitario de la inspectoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (INGEFANB) y Larry Davoe, expusieron ante la Comisión el contenido de las leyes y normas militares, y afirmaron el respeto de las Fuerzas Militares por la justicia y por los derechos humanos, por medio del cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos 2013 – 2019. Además, enfatizaron que la debida obediencia se encuentra establecida en la Constitución de Venezuela.

Respuesta de la Comisión 

Los comisionados señalaron que el juzgamiento de civiles por tribunales militares se encuentra claramente prohibido en el  Sistema Interamericano, obedeciendo al principio fundamental de que “en tiempo de paz los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares”, ya que se ven afectados los derechos del juez natural y la imparcialidad. “Las cosas son como son y no como la queremos llamar”, indicó el Relator de país para Venezuela, Francisco Eguiguren,  quien además alertó que de existir normativas internas en Venezuela que violen este principio, serían normas contrarías a la convención. Por otro lado, el Relator Luis Ernesto Vargas aseveró que la jurisdicción militar y la civil son distintas y deben mantenerse separadas. De igual forma, la Comisión manifestó su preocupación por la severidad de las condenas establecidas por los tribunales militares.

Video de la audiencia