Concluye tensa jornada de examen para Venezuela en materia de derechos económicos, sociales y culturales

(Ginebra, 04/06/2015, Nueva Prensa de Guayana), Ayer fue el segundo y último día de la presentación del informe del Estado Venezolano al Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En sentido estricto se trata de un examen o evaluación que hacen los miembros del referido órgano supervisor del Pacto Internacional homónimo, tras leer el contenido del documento así como los enviados por las organizaciones no gubernamentales. El proceso se completa con el diálogo interactivo que tuvo lugar esta semana en el Palacio Wilson, que sirve de sede a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Tras las múltiples preguntas formuladas por los especialistas que conforman el Comité, la delegación de Venezuela pidió tiempo adicional para responder los cuestionamientos, algunos de ellos de notoria importancia desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los representantes del Estado Venezolano destacaron entre otros hechos, la merma en la tasa de desocupación, el impacto de las misiones sociales, la discusión de la Convención Colectiva en el sector público y los varios proyectos gestionados por el gobierno en el ámbito alimentario.

Pero además, los voceros venezolanos señalaron su inconformidad con muchas de las preguntas que fueron planteadas por el Comité. Uno de ellos expresó que las cifras no estaban siendo “manejadas con precisión” y que ciertas aseveraciones carecían de fundamento, como por ejemplo, la situación de los menores de edad en las calles que, de acuerdo a la delegación, se trata de un problema ya resuelto. Hubo consenso entre las distintas intervenciones del país examinado, al indicar reiteradamente, que las fallas que pudiese haber en la garantía de ciertos derechos, están vinculadas a la “desestabilización” en Venezuela.

El experto polaco Zdzislaw Kedzia, reiteró su preocupación en relación a cómo los altos índices de corrupción en el país afectan el efectivo goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Para ello, se basó en datos de la organización Transparencia Internacional y por otro lado, manifestó su inquietud por la provisionalidad de fiscales y jueces en el país así como la ausencia de datos sobre cómo se protege efectivamente la integridad de quienes denuncian casos de corrupción.

Otro miembro del Comité expresó que las respuestas dadas por Venezuela eran “insuficientes” y que en otros casos, simplemente no hubo respuesta alguna. Además dijo que se percibía cierta desconsideración hacia las recomendaciones que el propio Comité ha hecho en el pasado, a lo cual se une la aparente tendencia en el país, de ignorar pronunciamientos cuando considera que no son “convenientes”. La respuesta final del jefe de la delegación venezolana, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, fue enfática y en privado, algunos de los presentes en la sesión estimaron que careció del carácter diplomático que se estila.

Menéndez expresó que dentro del Comité existían “prejuicios” y que se notaba una “ausencia de rigor metodológico” en algunos de los miembros del mismo, lo cual en su criterio, llevó a “realizar juicios valorativos”. Además, el ministro disertó sobre lo que denominó como “guerra económica” e ironizó que “lo que supuestamente es secreto de Estado se puede conseguir fácilmente en las páginas web de los órganos públicos”. “Exijo un profundo respeto (…) a nosotros nos manda nuestro pueblo”, sentenció el jefe de la delegación venezolana, quien empero hizo una invitación al Comité a visitar el país, algo inusual dada la negativa persistente del gobierno a permitir que relatores especiales y expertos de Naciones Unidas, analicen sobre el terreno, la situación de los derechos humanos.

Visión de las ONGs
Al término de la sesión de este miércoles, Nueva Prensa de Guayana conversó en exclusiva con Feliciano Reyna, presidente de las organizaciones Sinergia y Acción Solidaria. “Vinimos nueve personas de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, que somos parte de un grupo mucho más amplio que envió informes alternativos al Comité respecto del cumplimiento de las obligaciones del Estado Venezolano”, señaló. “Nuestra presencia aquí (en Ginebra) también tenía la intención de sostener un encuentro previo con los miembros del Comité”, explicó el activista de derechos humanos.

Ello de hecho tuvo lugar, en el formato de una sesión privada, algo que se estila cada vez que un Estado Parte de un tratado internacional de derechos humanos es objeto de revisión. En dicho cónclave, según Reyna, “se plantearon preocupaciones muy concretas” y les fue requerido a los representantes de la sociedad civil, información y datos sobre aquellas situaciones que “se quieren poner de relieve”. “En el transcurso de estas jornadas vimos cómo efectivamente los miembros del Comité hicieron preguntas sumamente relevantes que destacan aspectos preocupantes en nuestro país”, explicó.

“La verdad es que la combinación de lo que tiene que ver con derechos específicos junto con temas institucionales y sobre cómo funciona el aparato del Estado para la garantía de todos los derechos, es de suma importancia”, agregó, al tiempo que hizo énfasis en que las recomendaciones que vayan a ser insertadas en el informe final que se genere a partir de la evaluación, “serán parte de la agenda de incidencia” de las organizaciones que estuvieron directa e indirectamente involucradas con el proceso en Ginebra.

Pronunciamiento paralelo
En simultáneo al desarrollo de la sesión del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el vocero del Alto Comisionado del ente mundial para los Derechos Humanos, Rupert Colville, reiteró la preocupación de la organización internacional ante las “condiciones de detención y el deterioro de la salud” de Daniel Ceballos, considerado por la oposición venezolana como un preso político y quien está, como recordó el propio Colville, en huelga de hambre desde el 22 del mes pasado.

“Urgimos a las autoridades asegurar que todos los detenidos en huelga de hambre tengan acceso a atención médica con el doctor de su preferencia (…) también se debe asegurar el acceso de familiares y abogados”, manifestó el vocero del Acnudh, quien a su vez trajo a colación que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias ya en agosto precisó que la detención de Ceballos era de hecho arbitraria.

Derechos de primera generación
Dentro de algunos días, Venezuela será examinada por otro órgano de expertos, el Comité de Derechos Humanos, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello también tendrá lugar en la localidad suiza de Ginebra.

Omar Hernández (Internacionalista).

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