Audiencia CIDH “Personas venezolanas en el contexto de la movilidad humana”

(Examen ONU, 16/05/2018) 

La audiencia fue resultado de un trabajo conjunto de por lo menos 20 organizaciones de la región, entre la cuales están: Centro de Derecho Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Misión Scalabriniana de Ecuador, Diáspora Venezolana en República Dominicana, Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes de Brasil, Asylum Access, CEJIL, Misión Paz, CODHES, Programa Venezolano de Derechos Humanos (PROVEA) y Amnistía Internacional. 

En esta audiencia la sociedad civil expuso las principales problemáticas que enfrentan los ciudadanos venezolanos en el contexto del alto flujo migratorio hacía países vecinos o de la región, motivados a migrar por la carencia de instituciones que velen por la satisfacción de sus necesidades básicas, lo que se prevee ocasionará una duplicación del número de venezolanos migrantes pudiendo llegar a alcanzar los 3 millones al finalizar este año.

Problemáticas expuestas por la Sociedad Civil:

  • Carencia de documentación. Esto representa un obstáculo para la regularización migratoria, lo que dificulta el acceso a servicios de salud y educación;
  • Falta de cumplimiento y compromiso por parte de los países de la región con lo establecido en la Declaración de Cartagena de 1984 y la Resolución 2/2018 de la CIDH. La mayoría de los países se han negado en  proporcionarle a los migrantes venezolanos un estatus migratorio especial, así como reconocerles su condición de refugiados, la cual debe  ser reconocida ya que su salida de Venezuela no tiene otra causa que “la violación masiva de los derecho humanos”.
  • Preocupación por la militarización de los puntos migratorios (Brasil),  así como los llamados y evaluaciones de cierre frontera (Brasil y Ecuador), siendo está acción contraria al derecho a la libre movilidad y el derecho a la vida, aumentando las posibilidades de que mujeres y niños sean víctima de redes de trata de personas.
  • Asimetría en las respuestas a nivel regional.

Peticiones de la Sociedad Civil a la Comisión

  1. Continuar instando a los Estados de la región en la adopción de una respuesta regional a la migración forzada venezolana.
  2. Usar la Sala de Coordinacion y Respuesta Oportuna Integrada (SCROI) respecto de Venezuela para: 1. Monitorear la situación de la migración venezolana; 2. Colaborar en la identificación del problema y los flujos migratorios; 3. Garantizar un enfoque de derecho y que además brinde una asistencia técnica a los Estados.
  3. La Secretaría de Cooperación Técnica debe priorizar los puntos 1 al 6 de la resolución 2/2018 como parte de sus actividades de promoción.
  4. Instar a los Estados a recopilar información, generar estadísticas y monitorear los flujos de personas venezolanas con necesidad de protección, que permita abordar con una visión integral y de  no militarizado de la situación, para así avanzar hacia la emisión de políticas públicas adecuadas e  integradas para la población venezolana.
  5. Flexibilización de las solicitudes de documentación para regularización de los ciudadanos venezolanos por parte de los Estados miembros.
  6. La CIDH debe continuar  trabajando en conjunto con la Relatoría de Derechos de las Personas Migrantes y Refugiados de Naciones Unidas en el abordaje de la situación de la migración forzada venezolana.

Respuesta de la Comisión

El Relator para los Derechos de los Migrantes, Luis Ernesto Vargas, afirmó que la situación de la migración forzada de venezolanos es “drámatica” y requiere compromiso y acción regional, además lograr que los venezolanos sean reconocidos como sujetos de protección.   De igual forma, Francisco Eguiguren, Relator país para Venezuela, destacó que el fenómeno de migración forzada venezolana debe tener una respuesta regional, ya que “los Estados deben buscar un tratamiento homogéneo para esta población en riesgo”. La Relatora para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad Muñoz, hizo un llamado a los Estados miembros sobre la implementación de medidas para integrar a la población venezolana vulnerable a las comunidades receptoras, así como la no discriminación para el ejercicio de los derechos sociales y culturales de los venezolanos en situación de movilidad, lo cual se encuentra establecido en la Resolución 2/2018 de la Comisión.

Video de la audiencia