Expertos de Naciones Unidas condenan violaciones generalizadas de derechos denunciadas durante protestas en Venezuela

(Ginebra, 21/03/2019) Expertos de Naciones Unidas* condenan  las violaciones de derechos humanos reportados durante las protestas en Venezuela afirmando que estos son sistemáticos y agudos.

«Estamos profundamente preocupados por el rápido deterioro económico, político y social en Venezuela e instamos a las autoridades a tomar medidas inmediatas para abordar esta crisis compleja, con pleno respeto de sus obligaciones internacionales en derechos humanos», dijeron los expertos.

«La libertad de expresión y reunión son escenciales para que las preocupaciones legítimas de los ciudadanos puedas ser oídas y sus necesidades, incluyendo sus derechos humanos , sean atendidos.

Hemos recibidos reportes consistentes de un desprecio sistemático y generalizado hacia los derechos humanos manifestado por las autoridades venezolanas durante la represión contra manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos. «Pedimos al Gobierno que respete y proteja el derecho a la libertad de reunión pacífica y que aborde las causas subyacentes de las manifestaciones».

Los manifestantes han estado protestando por la falta de acceso a servicios básicos, como salud, medicamentos, alimentos y agua, y pidiendo un cambio democrático.

La represión en curso contra ellos ha dado como resultado un aumento espectacular de detenciones arbitrarias, asesinatos, redadas y torturas.

Entre el 21 y el 29 de enero, los informes dicen que más de 1.000 personas, incluidos menores de edad, fueron detenidas arbitrariamente en relación con las protestas. Según informes, la mayoría de los detenidos permanecieron incomunicados durante días, sin acceso a la familia ni  representación legal.

«Estamos particularmente preocupados por los informes que indican que 26 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares gubernamentales cuando participaban en manifestaciones entre el 22 y el 25 de enero», dijeron los expertos.

Las fuerzas de seguridad supuestamente han usado munición real, balas de goma y perdigones contra multitudes. Según los informes, los hospitales del país carecen de recursos médicos suficientes para tratar a los heridos.

Los periodistas y los medios de comunicación también se dice que han sido dirigidos específicamente. Los informes dicen que los servicios de Internet con frecuencia han sido parcial o totalmente interrumpidos. Solo el 23 de enero, 17 periodistas denunciaron ataques, detenciones y confiscación de equipos. Ese mismo día, se interrumpió el acceso a los sitios de redes sociales y, según informes, las autoridades civiles y militares allanaron tres medios de comunicación, lo que provocó la destrucción y el decomiso del equipo que impedía la transmisión de las emisoras.

Los días 29 y 30 de enero, 11 periodistas fueron presuntamente detenidos arbitrariamente. Más tarde, cuatro de ellos fueron deportados y, entre principios de febrero y la primera semana de marzo, se dijo que al menos 20 más fueron arrestados arbitrariamente.

También se informa que las comunidades indígenas han sufrido a manos de las autoridades, con una serie de lesiones y muertes presuntamente resultantes del uso de municiones reales por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén.

«Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que lleven a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva sobre todas las muertes ocurridas durante las protestas en curso, y liberen a todos aquellos que han sido detenidos por ejercer legítimamente su derecho humano a la libertad de expresión y reunión pacífica», dijeron los expertos.

«Instamos al Gobierno a tomar medidas inmediatas para remediar la situación, incluso permitiendo que se escuchen voces críticas y disidentes en Venezuela, sin temor a represalias, amenazas, violencia u otro tipo de hostigamiento».

(*) Los expertos de la ONU:  David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión;  Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación;  Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;  Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;  Seong-Phil Hong, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Dainius Pῡras, Relator Especial sobre el derecho a la salud; Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Joseph Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.

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