Torturas y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela fueron denunciadas ante la CIDH

(Quito, 12/11/2019) Las organizaciones de derechos humanos Defiende Venezuela, Sin Mordaza, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y Foro Penal, alertaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 174 periodo de audiencias, sobre el uso sistemático de la tortura y ejecuciones extrajudiciales, como un método para infundir miedo entre la población.

La directora ejecutiva de Defiende Venezuela, Génesis Dávila, aseguro que las organizaciones se encontraban frente a los comisionados para denunciar actos ejecutados por el Estado venezolano que han culminado en represión, torturas e incluso muertes,al punto de escalar hacia los peores crímenes, los crímenes de lesa humanidad.

Dávila recordó a los comisionados los resultados del informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, donde se afirma que «prácticamente todos los detenidos por motivaciones políticas en Venezuela han sido víctimas de tortura». Resaltó cifras de la organización Foro Penal, quienes han documentado hasta la fecha 400 casos de tortura. «De cada 10 personas detenidas en Venezuela, 4 han sido víctima de estas prácticas», afirmó. Según la defensora esto demuestra que desde 2017 la tortura se instauró como una política de Estado en el país.

Además, señaló que desde el momento de la detención inician los maltratos. «Existe un caso documentado de 15 jóvenes detenidos en el estado Táchira que estuvieron detenidos por dos semanas en la parte trasera de una «perrera», a quienes se les arrojaban lacrimógenas 3 veces al día», destacó.

La directora de Defiende Venezuela afirmó que las torturas no solo han ocurrido en el contexto de manifestaciones, también se han realizado contra militares detenidos, algunos han recibido apoyo legal de Foro Penal.

«La ejecuciones extrajudiciales en Venezuela se han incrementado de manera exponencial, con más de 214 asesinatos documentados por Foro Penal, incluyendo a dos adolescentes», afirmaron las representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, quienes denunciaron que a pesar de las recomendaciones emitidas por la Alta Comisionada de NU de cesar con las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, en Mérida la organización ha asistido 3 de estos casos, «cuyas audiencias son diferidas sin razones válidas», destacaron.

El Observatorio llamó la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales en zonas rurales, «Son poco conocidas, y los familiares de las víctimas temen denunciar por temor a represalias», dijeron.

«Sobre el asesinato de Wuilderman Paredes , quién fuera asesinado por protestar por la falta de gasolina, hay 6 funcionarios señalados, más no se ha dado inicio al juicio. La investigación sobre el caso es realizada por la misma policía, donde algunos oficiales tienen relaciones personales con los involucrados», alertaron.

Foro Penal informó que tan solo en 2019, entre los meses de enero y febrero arrestaron a 217 personas durante las protestas, y 3 adolescentes fueron asesinados durante estos eventos.

Además, la ONG alertó sobre el uso desmedido de las armas de fuegos que se ha convertido en una práctica sistemática, como los disparos dirigidos al rostro. «El Observatorio de la ULA documentó 22 casos de protestantes que perdieron sus ojos por impacto de proyectiles», indicó.

Los representantes de la sociedad civil solicitaron a los comisionados a exhortar al Estado venezolano a cesar los actos de represión; detener los actos de tortura; finalizar con el procesamiento de civiles en tribunales militares; parar de procesar a los familiares de los detenidos y víctimas, y detener el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos en Venezuela.

Los comisionados manifestaron una profunda consternación por los hechos expuestos por la sociedad civil. «Esta es una situación realmente dramática. Podríamos estar ante casos de crímenes de lesa humanidad», indicó el Comisionado Joel Hernández. Además, aseguró que estos casos «demuestran una carencia del sistema de justicia y la inexistencia del Estado de Derecho».

A su vez, la Comisionada Flavia Piovesan afirmó que nada puede justificar este tipo de actos, lo cuales «Reflejan la perversidad del Estado, que ya no es garante de derechos, sino un delincuente». Además, la Presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemeda, preguntó por las acciones que las instituciones encargadas de la protección de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela han realizado en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales a menores de edad. «No puedo creer que en pleno siglo XXI ocurran estos hechos tan atroces», afirmó.

Las organizaciones indicaron que el sistema de justicia en Venezuela está a la orden del gobierno. «Incluso el Estado se burla de los sistemas de protección», señalaron.

«Necesitamos de métodos alternativos de justicia y para esto es necesario que los mecanismos internacionales de protección sean firmes con los compromisos que se están estableciendo entre la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Estado», afirmó Dávila.

Las representantes del Observatorio de la Universidad de los Andes alertaron sobre el desinterés por parte del Estado en dar respuestas a los casos de ejecuciones extrajudiciales. «En los casos que asistimos no ha habido un solo pronunciamiento público de disculpa o visita a las familias».

Vídeo de la audiencia Tortura, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela por la represión

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