Amnistía Internacional: “Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela”

(Ciudad de México, 15/05/2019) Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe sobre la crisis en derechos humanos en Venezuela, “Hambre de Justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

En el informe Amnistía afirma que Venezuela enfrenta desde hace varios años una profunda crisis de derechos humanos debido a la violación masiva de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, que se ha manifestado en la escasez y falta de acceso a alimentos y medicinas, el deterioro de los servicios de salud, así como en la violencia y la represión política del Estado, y que como consecuencia ha obligado al menos a 3,4 millones de personas a huir del país desde 2015.

“En este contexto, la protesta social se convirtió en la principal y más visible respuesta de la población para canalizar su descontento”asegura la organización. Desde 2014 se produjeron varios ciclos de manifestaciones masivas, alternados por protestas espontaneas que reivindicaban diferentes derechos.

En febrero de 2014, tuvieron lugar las primeras protestas masivas en contra y a favor del gobierno de Nicolás Maduro, quien había llegado al poder un año antes. Durante los primeros meses de manifestaciones, Amnistía Internacional documentó el uso excesivo de la fuerza, tortura y detenciones arbitrarias por motivos políticos, y alertó sobre el manejo de un discurso estigmatizador contra aquellas personas que se manifestaban en contra de dicho gobierno.

Estas protestas cerraron con un saldo de 43 personas fallecidas, entre ellas diez funcionarios públicos. Un año después, la organización denunció los altos niveles de impunidad en relación con las posibles violaciones de derechos humanos cometidas durante esos meses.

Entre abril y julio de 2017, tuvo lugar un nuevo período de conflictividad social, con un saldo de más de 120 personas muertas, la mayoría a manos del Estado y de grupos de civiles armados progobierno (“colectivos”), y al menos 1958 personas heridas como resultado del empleo sistemático y generalizado de fuerza excesiva y a menudo intencionalmente letal contra quienes protestaban. Además, se registraron más de 5000 detenciones de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Un año después de las protestas, sólo se conocía un proceso judicial abierto en contra de un funcionario de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) por estas muertes.

Si bien 2018 no se caracterizó por imágenes de protestas multitudinarias, sí lo fue por registrar el mayor número de protestas espontáneas en todo el país (más de 12 mil en todo el año) en torno a la reivindicación de derechos económicos y sociales, debido al grave deterioro de las condiciones de vida. En este contexto, a inicios de 2019, miles de personas salieron a las calles a exigir un cambio de gobierno. Durante el mes de enero, se registraron numerosas manifestaciones, muchas de ellas en zonas populares, donde las demandas de un cambio político no habían sido tan visibles hasta ese momento.

Del 21 al 25 de enero de 2019, en un total de 12 de los 23 estados del país, al menos 47 personas fallecieron en el marco de las protestas, todas por herida de arma de fuego. Los reportes indicaron que, de estas 47 personas, por lo menos 39 habrían muerto a manos de agentes de las fuerzas del Estado o de terceros que actuarían con su aquiescencia durante las manifestaciones (33 y seis respectivamente). Además, once serían ejecuciones extrajudiciales selectivas, 24 serían muertes en el marco de manifestaciones y once habrían sucedido en contextos de saqueos. Según reportes de prensa, un elemento de la fuerza pública habría fallecido durante estas protestas.

Asimismo, a lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país. De estas detenciones arbitrarias, que incluyeron a niños, niñas y adolescentes, se calcula que aproximadamente 770 ocurrieron en tan solo un día, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en todo el país.

Desde 2014, Amnistía Internacional ha documentado la política de represión por motivos políticos llevada a cabo por el gobierno de Nicolás Maduro. En seguimiento a ello, entre el 31 de enero y el 17 de febrero de 2019, un equipo de investigación llevó a cabo una misión en Venezuela, con el fin de investigar los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos llevados a cabo en el contexto de estas protestas.

Durante esta visita se documentaron un total de seis ejecuciones extrajudiciales, tres casos de uso excesivo de la fuerza, y seis detenciones arbitrarias, así como el encubrimiento y falta de investigación de varias de ellas. Estos 15 casos paradigmáticos son una representación de la pauta más amplia de posibles violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en enero de 2019.

Las ejecuciones extrajudiciales documentadas en diferentes puntos del país mostraron un patrón recurrente. En todos los casos se trató de hombres jóvenes disidentes, o percibidos como tales por las autoridades, pertenecientes a zonas de escasos recursos y cuya participación en las protestas había sido visible o cuya denuncia se había hecho viral en las redes sociales. Es decir, fueron ejecuciones selectivas en razón del perfil de las víctimas. Además, todos fallecieron por herida provocada por proyectil de arma de fuego en la zona torácica, y fueron ejecutados mientras se encontraban sometidos por la autoridad. Algunos de ellos fueron torturados previamente a su muerte. Luego de ejecutarlos, la autoridad los presentó públicamente como delincuentes que habían muerto en enfrentamientos, y les inició investigaciones penales por “resistencia a la autoridad”.

Asimismo, en los seis casos, la escena del crimen fue alterada con la intención de encubrir los hechos, y en todos los casos el cadáver fue manipulado. El cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Respecto al uso de la fuerza, se estableció un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza letal en contra de los manifestantes. En los casos documentados se identificó a la GNB y la PNB como los cuerpos responsables por los hechos. Por ejemplo, Alixon Pisani resultó muerto por herida de arma de fuego que le impactó en la parte torácica, como consecuencia de los disparos indiscriminados que realizó un agente de la PNB desde la parte trasera de una motocicleta en contra de una protesta en Catia (Caracas). Según testigos de los hechos, los manifestantes habían bloqueado la calle con objetos incendiarios, y no portaban armas de fuego. Sólo en algunos casos habían arrojado bombas molotov y piedras en contra de la fuerza pública.

Los casos de detenciones mostraron que el gobierno las llevó a cabo de manera arbitraria y masiva, y las personas fueron posteriormente sometidas a malos tratos por parte de la autoridad, con el fin de castigar su participación en la protesta. Además, se identificó el irrespeto de las garantías judiciales, así como la interferencia al principio de independencia judicial. Por ejemplo, en el caso de cuatro adolescentes detenidos (menores de 18 años) en el estado Yaracuy, ninguno fue presentado ante el órgano de control judicial en el plazo legal, y se les privó de la libertad durante varios días sin que existieran pruebas suficientes para ello. Días después, lajuez de control a cargo de su causa denunció en redes sociales que la razón de su resolución en contra de los menores había sido la presión y las amenazas de muerte por parte de operadores del Poder Ejecutivo.

Finalmente, de acuerdo con la información recibida de familiares y abogados, en todos los casos documentados de violación del derecho a la vida y a la integridad personal, la investigación oficial no habría sido imparcial ni exhaustiva, y la información dada a las familias fue mínima. Además, varios familiares fueron hostigados por funcionarios públicos debido a la participación de las  víctimas en las protestas. El análisis de estas violaciones arroja que durante el mes de enero de 2019 se cometieron múltiples actos de violencia, llevados a cabo consistentemente en todos los estados del país, y con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal.

Asimismo, las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro, habrían por lo menos, tolerado dichos ataques. Esta investigación demuestra que las violaciones de derechos humanos no fueron al azar, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido contra una población civil distinguible: aquellas personas opositoras o percibidas como tal por el gobierno, que en ocasiones, fueron identificadas de forma precisa como blancos por parte de los atacantes. Además, estos hechos fueron públicos y notorios, es decir, las autoridades hasta el más alto nivel supieron de su ocurrencia.

Igualmente, dichos actos tuvieron lugar durante el mes de enero de 2019, y se intensificaron del 21 al 25 de ese mes; es decir, la comisión de estas violaciones fue una decisión que se mantuvo durante un tiempo en el cual no se tomaron las medidas necesarias para prevenirlas. A lo largo de ese lapso existió un discurso hasta el más alto nivel de respaldo de la fuerza pública, de estigmatización de los manifestantes, de negación de las causas subyacentes de la protesta social y de invisibilización de las víctimas. Por último de acuerdo con la información disponible no parece
existir una investigación exhaustiva, pronta e imparcial, que esclarezca los hechos en su totalidad y establezca responsabilidades a todos los niveles.

De esa cuenta, los múltiples actos de violencia documentados respondieron a una política de ataque sistemático y generalizado, selectivo en algunos casos e indiscriminado en otros, implementado por el gobierno de Nicolás Maduro para disuadir, neutralizar o en su caso, eliminar a aquellas personas opositoras o percibidas como tales.

Amnistía considera que este patrón es consistente con las prácticas de represión contra la población civil implementadas desde el 2014, y que tuvo una de sus expresiones más fuertes en 2017. Es por ello que existen razones fundadas para sostener que los hechos analizados en este informe y en otros informes previos de Amnistía  Internacional, configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes por parte de agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento de aquéllos.

Derivado de las graves violaciones de los derechos humanos y de los crímenes de derecho
internacional, la organización recomienda una serie de medidas para evitar la impunidad en estos hechos, como:

  • La creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU);
  • La posibilidad de activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como
  • La consideración de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.

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