ONG denunciaron en la CIDH ataques contra personas defensoras de derechos humanos y ciudadanos por parte del Estado venezolano

Durante el 173 periodo de audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas en en la sede del organismo en Washignton D.C., organizaciones venezolanas denunciaron ante la comisión los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad, durante la sesión «Defensa, doctrina de seguridad nacional y violaciones de los derechos humanos de los funcionarios y personas defensoras en Venezuela».

En la audiencia estuvieron presentes organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), el Comité de Familiares y Vícitmas del Caracazo (COFAVIC), El Centro para los Defensores y la Justicia, la Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Front Line Defenders (FLD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Marcos Ponce, director ejecutivo del OVCS informó a los comisionados que la organización ha registrado desde 2015 al rededor de 60 mil protestas, y durante los primeros 8 meses de 2019 se han documentado 11.800 manifestaciones, en su mayoría por reivindicaciones socio económicas. «Los intereses políticos y las ansias de poder prevalecen sobre las necesidades de los venezolanos», aseguró.

Ponce agregó que las manifestaciones han tratado ser detenidas a través de la fuerza, mediante el uso de cuerpos de seguridad como Las Fuerzas de Acciones Especiales (Las FAES) y redes de inteligencia. Además, subrayó que el OVCS prevé que para finales de 2019 habrá un alto número de manifestaciones por motivos laborales, «Nadie puede sobrevivir con un salario de 2$ al mes».

Ronnie Boquier de COFAVIC destacó que de 2017 a junio 2019 han documentado más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales, realizadas en zonas de bajos recursos. «69% de estos casos ocurren durante operativos especiales», dijo. Además, agregó que « 81% de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales eran menores de 25 años».

Boquier también señaló que la organización ha registrado casos de desnudez forzada de mujeres y niñas durante la ejecución de los operativos de seguridad, «Esto lo clasificamos como una forma de tortura».

Marianna Romero, directora ejecutiva del Centro para los Defensores y Justicia, señaló que altos funcionarios del gobierno realizan campañas de estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos, «Acusan a los defensores de mentirosos y recientemente se denominó materiales de una organización como subversivos».

Romero indicó a la comisión que desde enero a septiembre la ONG ha documento 62 ataques contra defensores, «Muchos de ellos se encuentran sentados en esta mesa», destacó.

«En Venezuela las falta de leyes que protejan a los defensores de derechos humanos nos deja indefensos», alertó Romero. Además, indicó que en Venezuela no hay políticas, leyes o planes para la protección integral de las personas defensoras. Ante esto la OMCT y FLD resaltaron que «En un contexto como el venezolano, donde el Estado de Derecho está muy erosionado, el rol del defensor es vital».

A su vez, las organizaciones OMCT y FLD denunciaron que en Venezuela se usan todas las instituciones y los medios de comunicación para atacar a las personas defensoras. «Esto crea un clima donde resulta difícil defender los derechos humanos».

A su vez, la vicaria de derechos humanos de Caracas afirmó que en Venezuela hay un estado de total impunidad. » Ninguno de los hechos aquí mencionados han sido investigados», dijo.

Los comisionados solicitaron mayor información sobre:

  1. Presencia de miembros de fuerzas militares para contener las protestas;
  2. Mecanismos o dispositivos usados:
  3. Cifras de muertes de miembros de las fuerzas;
  4. Reparaciones a las víctimas y familiares;
  5. Casos de violencia sexual contra mujeres y niña;
  6. Información con mayor detalle sobre los ataques contra las personas defensoras;
  7. Rol de los adolescentes durante las protestas;
  8. Posición del Estado ante las denuncias.

La comisionada Esmeralda Arosemena expresó su consternación ante las denuncias realizadas por la sociedad civil «No puedo concebir a una personas que pueda sobrevivir con un salario de 2$. ¿Cómo mantienes a una familia con ese salario? Estamos ante una verdadera crisis humanitaria«.

Francisco Quintana, director ejecutivo de CEJIL solicitó a la comisión diseñar otros mecanismos para realizar el monitoreo de los derechos humanos en Venezuela, reconocer la falta absoluta de mecanismos internos para solicitar medidas cautelares y aprobar de forma más expedita medidas cautelares para personas defensoras venezolanas.

Durante la audiencia La CIDH anunció la conformación de una Mecanismo de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) como uno de los medios a ser implementados por la comisión para realizar el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Además, en voz de la comisionada Arosemena la CIDH se comprometió a evaluar maneras de realizar la visita in loco.

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