ONG alzan la voz sobre crisis venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

(Acceso a la justicia, 11/09/2018) La situación de los derechos humanos en Venezuela y Ecuador ocupó parte de la agenda del primer día de actividad del 39° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inició este 10 de septiembre en Ginebra, Suiza.

Fueron ochenta y cuatro ONG de ambas naciones (treinta y dos de Ecuador y cincuenta y dos de Venezuela) las que tuvieron un derecho de palabra, que fue asumido por nuestro director Alí Daniels, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Eduardo Trujillo, quienes rebatieron el informe que sobre estas naciones presentó el ex-experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas.

El documento de De Zayas, consignado ante el Consejo de DD. HH. en diciembre pasado, niega en el caso venezolano la existencia de una emergencia humanitaria, contradiciendo los dieciocho pronunciamientos internacionales que se han dado entre julio de 2016 y agosto de 2018 para referirse a la crisis, y que incluyen dos informes del propio Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

Al asumir la vocería sobre las inconsistencias metodológicas en las que incurrió De Zayas durante su misión oficial para estudiar los programas de gobierno de ambos países, Daniels expresó la preocupación de las ONG que rubrican la declaración ante la opacidad y transparencia con la que se preparó y desarrolló la visita, así como de la información parcializada que se entregó durante y al final del recorrido.

Atendiendo a estas condiciones, el informe leído por el director de Acceso a la Justiciaadvierte que “cualquier valoración sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y Ecuador”, con base en la visita de De Zayas “debe considerar la ausenciade los necesarios requisitos en cuanto a tiempo, transparencia y equilibrio”.

En consistencia con lo planteado, Daniels destacó que la falta de equilibrio del documento del ex-experto, que llegó a manos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se muestra sin miramientos, pues de las casi quince páginas que lo conforman, doce fueron dedicadas al caso Venezuela, y apenas dos páginas y media a Ecuador. La discriminación incluso se trasluce en los seis párrafos de conclusiones, en las cuales apenas tres líneas se refieren a este último país.

Debido a lo ocurrido con el informe de De Zayas, las ONG alertaron al Consejo de DD. HH. de las Naciones Unidas, que “estaría en mejor posición para entender la situación crítica que enfrenta el país si el Estado permitiera las visitas solicitadas”.

Recordaron que en los últimos quince años –desde 2003– en al menos once procedimientos especiales se ha solicitado visitar Venezuela, mientras que con ocasión del Examen Periódico Universal (EPU), “veinticuatro países hicieron recomendaciones sobre la necesidad de abrir canales de diálogo con los procedimientos especiales y permitir visitas”, pero a la fecha ninguna de estas ha sido aceptada por el Estado venezolano.

Escrutinio al contenido

La intervención del director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello versó sobre las características de la crisis humanitaria que vive el país, y cómo el informe de De Zayas descarta la realidad que padecen millones de venezolanos.

Específicamente, Trujillo cuestionó como el ex-experto, sin haber concluido su recorrido por el territorio nacional, y mucho menos sin haber procesado la información recolectada, que abarcó la proporcionada por organizaciones independientes, adelantó opinión negando la emergencia, que ha sido avalada por organismos internacionales defensores de derechos humanos.

Precisó que el exsecretario General de la ONU, Ban Ki Moon, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como órganos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expuesto la gravedad de la situación en Venezuela, que se ha traducido en la violación sostenida y masiva de derechos humanos.

Pese a esto, advierte que el Estado venezolano en lugar de reconocer u ocuparse de la precariedad que sufre la población por la ausencia de acción gubernamental en la garantía de derechos básicos como seguridad, salud y alimentación, entre otros, está “haciendo uso instrumental de las declaraciones” de De Zayas “para pretender neutralizar las advertencias de la comunidad internacional”, y hacer caso omiso a “uno de los mayores éxodos de población en la región desde la creación del ACNUR en 1950”.

Ante esto, Trujillo informó que ochenta y cuatro ONG de Venezuela y Ecuador llaman al Consejo de Derechos Humanos a que evalúe realizar una visita de seguimiento a Venezuela que le permita al nuevo experto independiente, Livingstone Sewanyana, constatar de primera mano la realidad del país.

Lo dicho está en concordancia con el discurso pronunciado por el canciller Jorge Arreaza, quien durante su intervención ante el Consejo llamó a Sewanyana a tomar en cuenta el documento presentado por su antecesor, pues para el Gobierno venezolano sí es objetivo e imparcial, pues ni es selectivo en la información que presenta, ni sostiene una posición política determinada.

Nueva gestión

Al tiempo que el caso venezolano pudo ser expuesto, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, asistió a su primera ronda de sesiones del Consejo de DD. HH. de la ONU como alta comisionada.

Durante su exposición reconoció la gravedad de la situación venezolana, ya que junto a Nicaragua fue uno de los dos primeros países de los que mencionó graves violaciones a los derechos humanos.

En detalle, dijo que desde la publicación del último informe de la Oficina que ahora dirige ha recibido información sobre violaciones de los derechos socioeconómicos, civiles y políticos en ambas naciones; mientras que se eleva el número de personas que salen de estos territorios ante la precariedad de las condiciones de vida.

También refirió que el Gobierno venezolano no ha demostrado ser abierto para asumir medidas que atiendan las situaciones documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de los DD. HH. durante las protestas masivas de 2017.

 

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