Informe “Agenda 2030 y Emergencia Humanitaria: Venezuela, un país en franca involución”

(Sinergia, Caracas, 17/07/2018) La Organización Sinergia A.C publicó su informe  “Agenda 2030 y Emergencia Humanitaria: Venezuela, un país en franca involución”, el cual será presentado en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 

De acuerdo a Sinergia, en julio de 2016 el gobierno de Venezuela presentó un informe voluntario ante el foro, donde declaró  “la incorporación de los derechos humanos y la participación política, protagónica y corresponsable del pueblo venezolano en todas las acciones de las políticas públicas”. Este informe no contó con la participación de la sociedad civil independiente.

La Agenda de Desarrollo Sostenible para Venezuela se alimenta de tres fuentes:

• Los diagnósticos y consultas realizados desde Sinergia y la Plataforma de Redes en el transcurso de los años 2012 y 2013, que permitieron identificar los problemas más apremiantes y fijar prioridades.
• Los diálogos promovidos por CIVICUS (2014 y 2015).
• Las conclusiones de los exámenes periódicos universales promovidos por la Comisión de Derechos Humanos, los exámenes de los pactos de derechos sociales, económicos y culturales, los derechos civiles y políticos.

Sinergia asegura que es  una “contradicción hablar de la Agenda 2030 en Venezuela dado el contexto de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que caracteriza el entorno y que definitivamente restringe la posibilidad de un informe sobre los ODS que no puede más que resultar en la constatación de que se2 trata de amplias vulneraciones de los principios en los que se basa la AGENDA 2030 vistos como derechos humanos”. Además, aseguró que  “la opacidad y escasez de información impide un monitoreo mas exhaustivo en el plazo de que dispusimos para este reporte pues la poca información existente se halla muy dispersa y en muchos casos corresponde a noticias o artículos de prensa”

La Agenda 2030 en Venezuela  

1 . Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo:

De acuerdo con ENCOVI 2017, la pobreza por ingresos en Venezuela se sitúa en 87% . E2017 la brecha entre pobres ypobres extremos es muysignificativa, representando lapobreza extrema el 61%.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible:

A pesar de la falta de información oficial  desde 2007  publicada por el Instituto nacional de Nutrición, se han desarrollado alternativas provenientes del medio académico (el Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Universidad delos Andes -CIAAL) y el Consorcio de universidades que produce anualmente la ENCOVI  la sociedad civil (Fundación Bengoa y PROVEA) y la Iglesia (Caritas). Además, según los cálculos de la agencia de las Naciones Unidas, FAO, la caída general del desempeño del conjunto latinoamericano en su lucha contra el hambre se explica en gran parte por la situación de Venezuela. Más de la mitad de quienes sesumaron a las personas subalimentadas en América Latina desde 2015 son venezolanas. 

A su vez, según PROVEA,  el CENDA reportó al cierre de 2017 que una familia requería de 21,5 salarios mínimospara cubrir sus gastos básicos en alimentación. La Canasta Alimentaria de diciembre2017 tuvo una variación intermensual de 108,8%, la más alta registrada durante lo súltimos 60 años. La última cifra disponible revela que el precio de la Canasta Alimentaria Familiar de mayode 2018 se ubicó en 220.138.620,81 bolívares, aumentando Bs. 119.963.639,83, es decir, 119,8% con respecto al mes de abril de 2018 y 22.115,6% entre mayo de 2017 ymayo de 2018, lo que significa que se necesitan 220 salarios mínimos 516.110.000,00 bolívares, para poder adquirir la canasta familiar.  

Incluso acierre de 2017 Caritas Venezuela reportó un aumento de 100% en las cifras de desnutrición aguda en menores de 5 años. Además, en el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias correspondiente al año 2017 de la FAO, el organismoreconoció que Venezuela se encontraba dentro del lote de los clasificados bajo “inseguridad alimentaria”, pero que no tenía datos actualizados sobre nuestro país.

3. Garantizar la vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades:

El gasto público en salud que era uno de los más bajos de América Latina fuerecortado sistemáticamente durante casi dos décadas para financiar prestacionesparalelas a las del Ministerio de Salud. Estas prestaciones se abandonaron en 2009y a ellas se destinó un gasto equivalente a 10 años del presupuesto del Ministerio.

Han cerrado cerca de 60% de los centros de salud públicos de los cuales dependela atención a la salud de la mayoría de la población. Las clínicas privadas atiendena menos del 10% de la población y actualmente están dolarizadas. Más del 90% de los insumos, repuestos de equipos y reactivos y materiales paralaboratorios en los hospitales son importados y la escasez ha sido superior a 70%desde hace tres años y La severa escasez de medicinas e insumos médicos entre 2014 y 2016 estimadaen 80%, se convirtió en falta absoluta en 2017, provocando muertes en aquellaspersonas para las cuales no existe manera de sobrevivir si son privadas detratamientos por tiempos prolongados. De igual manera, 300.000 personas trasplantadas, con hemofilia, cáncer, VIH Parkinson, entreotras, han pasado más de 1 año sin recibir medicinas, al detenerse susimportaciones por decisión del gobierno, sin ninguna previsión, plan decontingencia ni utilización de la asistencia o cooperación internacional para ayuda humanitaria.

Los resultados en el estado de salud de la población son dramáticos: Las muertes maternas aumentaron en 66%, de 456 a 756, entre 2015 y 2016,última cifra disponible. CODEVIDA reporta que en 2017, en un solo hospital delestado Bolívar se reportaron 117 embarazadas fallecidas por complicaciones dela malaria. Las muertes infantiles aumentaron 30%, de 8.812 a 11.466, entre 2015 y 2016, la mayoría recién nacidos. En 2017 se reportaron 100 bebés muertos en un hospitaldel estado Mérida, 189 en un hospital del estado Nueva Esparta y entre 350 y 500en un hospital del estado Táchira por infecciones intrahospitalarias y bajo peso al nacer.

Debido a las bajas coberturas de vacunación, varias enfermedades prevenibles porvacuna se han convertido en epidemias. Las cifras más recientes al respecto provienende datos recogidos directamente por la misión de la OPS que visitó el país recientemente.

 

 

 

 

 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos: 

Según la Institución Memoria Educativa de la Universidad Central de Venezuela, la matrícula en educación primaria pública y privada se estimó para el año escolar 2016-2017 en 3.499.592. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha estado ocurriendo un descenso en la población escolar desde el año 2004, acentuándose desde el año 2012. Además, de acuerdo a ENCOVI  “entre 2015 y 2017 el acceso a la educación entre la población de 3 a 24 años, enpromedio, descendió de 78% a 71%”.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las  niñas:

En el acceso de las niñas a la educación según el último boletín sobre Indicadores de Género publicado por el Instituto Nacionalde Estadísticas, correspondiente a 2013, El número de años promedios de estudios de las mujeres es de 10,5 años mientrasque el de los hombres de de 9,7. Esto significa que se ha alcanzado la paridad degénero en educación. En el nivel universitario se observa un claro predominio de las mujeres

La organización Mujeres al Límite proporciona información más actualizada en lo referente a la autonomía reproductiva de las mujeres:  

  • Desde mediados del año 2014 se viene registrando una escasez progresiva y cadavez más aguda de métodos anticonceptivos de todo tipo la cual ha sido calculada porla Federación Farmacéutica en un 90%. Si se toma la meta de cobertura de la demanda de métodos de planificación familiar a través del sector público establecidaen la Norma Oficial en Atención de Salud Sexual y Reproductiva de 30% de las mujeres en edad fértil, el Estado, a través de las compras reportadas para el año 2015, apenas habría cumplido aproximadamente un 2% de la misma. 
  • Para el año 2012, la cobertura de la demanda por métodos de planificación familiarera sólo del 22% (Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2013). Sin embargo, alobservar que, según datos de la Federación Farmacéutica de Venezuela, eldesabastecimiento en materia de anticonceptivos se ubicó en 90% para el año 2016,es evidente que la situación en torno al acceso a métodos de planificación familiar porparte de las mujeres venezolanas es grave.
  • En una encuesta en línea hecha a mujeres en edad reproductiva durante el mes de junio de 2017, el 72% manifestó no haber encontrado ningún tipo de anticonceptivosdurante los últimos 12 meses. Igualmente, más de un 19% de las encuestadasmanifestó haber adquirido alguna vez su método anticonceptivo de preferencia a
    través de comerciantes informales, llamados “bachaqueros” o a través de grupos de
    intercambio de medicinas en redes sociales. Un 27% señaló que cuando consiguieronanticonceptivos en la farmacia, no pudieron comprarlos dados sus elevados costos yalrededor de un 10% informó haberlos comprado en el exterior.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos: 

La data oficial reporta desde hace más de una década que la cobertura del agua potablealcanza a 95% de la población. No obstante, la realidad desmiente esta información. Díasy hasta meses sin acceso al agua informados a diario en la prensa y se han dedicadoextensos reportajes a describir el fenómeno y sus consecuencias. El suministro deficiente de agua ha sido uno de los principales motivos de protesta en los últimos años. Hasta mayo del año 2018 se reportan 1227 protestas por fallas en servicios, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En el mes de mayo el OVC reportó 141 protestas por servicios básicos, es decir, un promedio de cinco protestas diarias. Comose observa en el siguiente gráfico, el 57% de ellas son debidas a fallas en el servicio de agua potable

7. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos: 

La Comisión de Finanzas dela Asamblea Nacional informó que la inflación del mes de junio de 2018 es de 128,4%superando en 18 puntos la inflación registrada en el mes de mayo. En cuanto a la inflaciónacumulada de enero a junio del presente año, la fuente indicó que esta alcanzó la cifrade 4.684,3%, mientras que la inflación interanual de junio 2017-junio 2018 es de 46.305%.

De acuerdo a ENCOVI

  •  58% de la población se declara como activa, es decir, 13.147.828personas.
  •  La tasa de ocupación se ubicó en 91%, mientras que la tasa de desocupaciónalcanzó 9% al cierre de 2017. Es decir, 1.177.852 personas se encontraban ensituación de desempleo.
  •  La suma de desempleo abierto + sub-empleo visible (personas que trabajanmenos de 15 horas + subempleo invisible (personas que trabajando 40 horas omás ganaban menos que el salario mínimo integral al momento de la encuesta)alcanzó a 15,3%.

8. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

El Centro de Estudios Ambientales (ICAE) de la Universidad de Los Andes, estárealizando en conjunto con varias universidades de la región andina, un proyecto paraevaluar los cambios en la vegetación como producto del calentamiento global. Dichapropuesta ha sido denominada Red de monitoreo GLORIA, “Iniciativa para la Investigación y el Seguimiento Global de los Ambientes Alpinos”.
 
Un artículo próximo a publicarse de Llambi y Rada atribuye la aceleración en elretiro de los glaciares de los Andes venezolanos al calentamiento global el cual se esperaque cause un incremento de las temperaturas de entre 2 y 4 grados hacia finales de estesiglo. El incremento de temperaturas ha sido acompañado según estos autores por unareducción de las precipitaciones promedio que podría alcanzar entre 20% y 30% durantelo que queda del siglo XXI.

9. Proteger retablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la biodiversidad

De acuerdo al informe de PROVEA se ha desarrollado la mineríaque está fuera del marco legal ambiental y minero, en un contexto de anarquía einseguridad general con la indulgencia del Estado, que no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Guayana, sino también las áreas protegidas en el estado Bolívar. Además, existe en el área comprendida dentrodel Arco Minero y en general en toda el área de explotación minera al sur del Orinoco una grave situaciónde inseguridad en un territorio sin ley donde en los negocios de oro, diamantes, coltán,cobre y otros minerales participan militares, bandas armadas, pranes, guerrillas y algunaque otra empresa minera.

Otro grave problema ambiental son los accidentes en las instalacionespetroleras del país, el último de los cuales ocurrió el 6 de julio en dos tanques de la plantade recuperación secundaria del Complejo Operacional Jusepín de Pdvsa en el estadoMonagas, ocasionando un derrame petrolero (Pdvsa) que llevó a las autoridades asuspender por tiempo indefinido el bombeo de agua al 80 % de la población de Maturín, ya que siete de las 10 parroquias de la capital monaguense se surten del río Guarapiche.

10. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. 

PROVEA señala que a pesar de que en Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, hay tantas víctimas como si lo hubiera. La emergencia humanitaria compleja, la violencia institucional y la inseguridad han convertido el derecho a la vida en el derecho más violentado. 

Sobre las libertades la misma organización destaca que las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones de derechos humanostambién están confrontadas a dificultades cada vez mayores para poder funcionar, y losdefensores de los derechos humanos son víctimas de campañas de desprestigio, amenazas,actos de acoso y vigilancia, y en algunos casos han sufrido detenciones arbitrarias y malostratos o incluso tortura por llevar a cabo sus actividades legítimas. Se ha producido así un climade miedo generalizado.

 

Con respecto a la administración de justicia, se encuentran las mismas dificultades deacceso a información encontradas al reportar el cumplimiento de los otros objetivos, debido a la omisión de la publicación del Informe Anual del TSJ, del Ministerio Público(MP) y de la Defensoría del Pueblo (DdP), así como la Memoria y Cuenta del Ministeriodel Poder Popular para Servicios Penitenciarios.
Uno de los signos distintivos en este último periodo, junto con la cancelación definitiva delos pocos vestigios de democracia en el país fue la reinvindicación del derecho a laprotesta. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 9.787protestas durante todo 2017, equivalente a 27 protestas diarias en todo el país.Las protestas, esta vez más centradas en el colapso de los servicios públicos, hancontinuado durante el periodo actual. El Observatorio Venezolano de Conflictividad enlos primeros seis meses de 2018 contabilizó 4.191 protestas en el marco de las cualesocurrieron 12 fallecimientos.
El ACNUDH ha observado que, desde finales de julio de 2017, las fuerzas de seguridad,en particular los servicios de inteligencia, han seguido utilizando las detencionesarbitrarias e ilegales como una de sus principales herramientas para intimidar y reprimira la oposición política o a cualquier persona que manifieste su disidencia o descontentoy que, en consecuencia, sea considerada como una amenaza para el Gobierno. Sinembargo, estas detenciones han sido más selectivas que durante el período de lasprotestas masivas. Entre las personas arbitrariamente privadas de libertad figurabanactivistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de los derechos humanos,trabajadores de los medios de comunicación y miembros de las fuerzas armadas. Segúnlos registros llevados por organizaciones de la sociedad civil, al menos 570 personas,incluidos 35 niños, fueron detenidas arbitrariamente entre el 1 de agosto de 2017 y el 30de abril de 2018.
En relación con hechos de volencia, según ENCOVI 2017, la tasa de muertes por cada100.000 habitantes alcanzó a 89, con 26.616 muertes violentas y 16.046 homicidios.
El gráfico siguiente revela el ascenso considerable tanto en el número como en la tasade homicidios desde 1998 hasta 2017 que sin embargo muestra un ligero descenso en2017 con respecto a 2016.
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