CIDH presenta informe sobre políticas integrales de protección a personas defensoras de derechos humanos

(Bogotá, 28/02/2018) El Informe elaborado por la CIDH tiene por objetivo  proveer a los Estados de la región una guía para que estos desarrollen políticas internas, programas y políticas de protección a defensores de derechos humanos que estén concordancia con las estándares internacionales de derechos humanos.

En informes anteriores, específicamente de los años 2006, 2011, 2013 y 2015, la Comisión recomendó a los Estados  adoptar de forma inmediata políticas integrales de protección para proteger a los defensores, como también propuso medidas para alcanzar el objetivo. Entendiéndose por políticas integrales de protección el “reconocimiento e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas defensoras puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos”, es decir ir más allás de políticas y mecanismos que se activan solo cuando la integridad física del defensor se encuentra en riesgo.

En el actual informe  la CIDH señala que aquellos defensores centrados en temas mediombientales; derechos indígenas; violencia hacía la mujer; derechos reproductivos, y defensa de la comunidad LGBTI, son especialmente vulnerables. Además tan solo en el año 2016, organizaciones civiles informaron a la Comisión que 3 de cada 4 asesinato de defensores en el mundo ocurrieron en América, concentrados principalmente en: Brasil, catalogado como el “país más letal” para defensores de de derechos de la tierra, con un total de 49 muertes; Honduras, el cual históricamente ha sido el “país más peligroso per capita”, habiendo ocurrido 127 asesinatos de este tipo en la última década; Guatemala, México, El Salvador y Colombia también se encuentran dentro de esta lista, presentandose en el último “… niveles alarmantes, a pesar del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

De igual forma la Comisión destacó el hecho de que solo 5 países de la región Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras, cuentan formalmente con mecanismos de protección para defensores.

Caso Venezuela

Desde 2009 la situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido mencionada en el Capítulo IV del Informe Anual de la Comisión, donde reiteradas veces se ha desarrollo el ambiente hostil  y las amenazas contra la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos e incluso acciones estatales motivadas a desligitimizar y criminalizar las acciones de los defensores y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que operan en Venezuela.

Lo anteriomente mencionado, ha sido monitoreados contantemente por la Comisión, como resultado se ha obtenido evidencia de “situaciones de criminalización y hostigamiento judicial como la apertura de investigaciones penales y administrativas contra defensores de derechos humanos”. Sobre esto mencionan la calificación de las acciones realizadas por las organizaciones y defensores  por parte de las autoridades venezolanas como delitos de “traición a la patria” o “desestabilización”.

Además la CIDH se enfoca en los distintos obtáculos creados para dificultar la obtención de financiamiento por parte de las organizaciones, a lo cual la Comisión ha sostenido que “las defensoras y defensores tienen derecho a solicitar y adquirir recursos económicos que financien sus tareas y que los Estados deben garantizar  de la manera más amplia posible el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y promoverlo”.

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