CIDH expresa preocupación por situación de personas migrantes venezolanas

(Civilis DDHH, 26 de enero de 2017) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el pasado miércoles 25 de enero de 2017 sobre la migración venezolana. Al respecto, mostró su preocupación por la situación generada con 450 Venezolanos en Brasil e instó a los Estados de la región a tomar medidas de respecto, protección y garantía ante el fenómeno de migración irregular generado principalmente por la situación humanitaria que atraviesa Venezuela Read more

CIDH conoció situación de libertad de expresión en Venezuela

( Prensa Espacio Público). Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación del derecho a la libertad de expresión en el país. Entre enero y octubre de 2016 Espacio Público registró un total de 309 denuncias de violaciones a este derecho, lo que representa un aumento del 41,74% en las violaciones denunciadas respecto al mismo período del año anterior. de las 309, la intimidación (111), la agresión (49), la censura (43) y las amenazas (33) constituyeron los principales patrones de violaciones denunciados.

Las organizaciones venezolanas acudieron ante el organismo regional en ocasión de celebrarse el 159° periodo de sesiones de audiencias públicas en Panamá.

“Las personas que viven en Venezuela sufren una grave crisis política, económica y social. El deterioro requiere de los mecanismos de participación política a los fines de establecer mecanismos institucionales que permitan solventar estos desafíos.  Esta coyuntura demanda espacios para la deliberación de los diagnósticos y las soluciones. El papel de los periodistas y los medios es imprescindible. Actualmente están amenazados y con una reducción sustantiva de sus posibilidades”, dijeron las organizaciones en el 159° periodo de sesiones de audiencias públicas de la CIDH en Panamá.

Sobre el acceso a la información pública, las organizaciones informaron a la Comisión que “el gobierno mantiene una política de opacidad y falta de información en diferentes ámbitos”. “Ante la deficiencia en la prestación de servicios públicos de agua potable, salud, alimentación y medicinas, el Estado se mantiene en silencio ante los numerosos reclamos y exigencias de información de la ciudadanía”, dijeron.

En lo que va de año, Espacio Público realizó 43 peticiones de información sobre cumplimiento de obligaciones relativas a solución de problemas comunitarios y derechos humanos a diversas instituciones públicas. Sólo en 2 casos se obtuvo respuesta adecuada. Esto representa una tasa de respuesta del 4,65%.

La no pluralidad de los medios públicos también fue expuesta. “Los medios estatales no están al servicio del universo de la sociedad venezolana. Son aparatos de propaganda política permanente a favor del gobierno, y se dedican a descalificar a personas, periodistas, defensores y líderes sociales y políticos abiertamente”, informaron.

Además destacaron el “sector importante de los medios privados cambiaron de propietarios y en consecuencia modificaron su línea editorial para reducir la crítica y aumentar la propaganda a la gestión gubernamental”, que ocurrió con medios impresos nacionales y regionales, estaciones de radio y televisión y portales web. También dijeron a la CIDH que “los periodistas independientes carecen de fuero profesional en medios públicos y privados al ser despedidos de sus trabajos y retirados sus programas de radio luego de críticas hechas contra el gobierno nacional”.

Sobre los ataques a la prensa en el contexto de manifestaciones públicas, Espacio Público informó a la CIDH que en especial en las actividades de carácter político en el marco de la exigencia del referendo revocatorio, se registraron 86 casos de violaciones a la libertad de expresión.

16 periodistas de prensa extranjera que venían a Venezuela, entre agosto y septiembre del 2016, enfrentaron obstáculos para el ingreso y desenvolvimiento de sus labores en el país. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realizó deportaciones y expulsiones de cinco periodistas extranjeros que llegaron a Venezuela. A otros le retuvieron equipos y los sometieron a largas horas de espera en los aeropuertos.

El hostigamiento judicial también resaltó entre los principales tópicos en la audiencia. Uno de los casos presentados es el de discriminación en la venta de papel al diario El Carabobeño, hoy fuera de circulación, donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se abstiene de admitir y tramitar una demanda interpuesta por miembros de la sociedad civil en reclamo de su derecho a la información.

El TSJ también dictaminó prohibiciones de difundir determinados temas de interés nacional. Entre ellos se incluye la prohibición de difusión de videos de linchamientos, en aras de una pretendida salvaguarda de la seguridad ciudadana. También se le prohibió a un grupo de diputados de la Asamblea Nacional publicar, declarar y difundir “noticias y mensajes vilipendiosos que atenten contra el honor, decoro y reputación” del Ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio.

El hostigamiento judicial también se registra en los casos de David Natera, director del diario Correo del Caroní, que fue condenado a 4 años de prisión por la realización de cobertura informativa por denuncias de corrupción en la estatal Ferrominera Orinoco y el caso de Braulio Jatar, director del portal informativo Reporte Confidencial, quien fue detenido arbitrariamente luego de divulgar videos del cacerolazo contra el presidente Nicolás Maduro en Villa Rosa.

Sobre las violaciones a la libertad de expresión asociadas a Internet, se informó a la CIDH de siete ataques de cuentas personales y sitios web de periodistas, un medio de comunicación y una institución pública, tres prohibiciones de difusión de información por redes, tres amenazas y hostigamiento por coberturas. Además, 2 personas han sido detenidas por información y opiniones difundidas a través de twitter.

La discriminación por el pensamiento político y su expresión también fue presentada a la CIDH en esta audiencia. “El gobierno venezolano tiene una política de discriminación contra personas que manifiestan opiniones políticas contrarias a su línea partidista”, informaron.

Se han documentado en Venezuela casos de discriminación con la asignación de las bolsas de comida a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP). Quienes firmaron en el proceso del revocatorio o expresaron de alguna manera su posición política contraria al gobierno son discriminados en la asignación de alimentos o amenazados con dejar de entregarles comida.

La respuesta del Estado

William Castillo, ex director de Conatel, dijo en la audiencia que el Estado estaba dispuesto a dar toda la información que fuera necesaria para atender a las recomendaciones de la CIDH en materia de libertad de expresión, sin embargo sobre las peticiones de información sin respuesta dijo que se habla de eso “como si fuese una cifra significativa”. hay que recordar que Castillo, a la cabeza de Conatel, ignoró una petición de información sobre los más de 3000 sitios bloqueados por ese organismo.

Sobre la grave crisis de papel que afecta a los medios impresos en Venezuela se limitó a decir que “en ocasiones anteriores” ha hecho aclaraciones sobre ese tema”. También dijo que en Venezuela se han “impulsado avances para aumentar la velocidad de acceso y navegación”.

Castillo además durante su intervención defendió la gestión gubernamental pero sin aportar datos que permitan contrastar con la información pormenorizada que aportaron las organizaciones. Aunque dijo que el Estado reconoce “el derecho a la libertad de expresión como esencial para la democracia”.

Peticiones de las organizaciones a la Comisión:
 

  • La Comisión debe priorizar acciones que indiquen claramente la situación de graves violaciones a los derechos humanos mediante el trámite urgente de medidas cautelares y casos; realizar a la brevedad un informe país;  y que se incluya en el próximo periodo de sesiones, audiencias con los temas urgentes de la situación venezolana.
  • Haga un seguimiento de sus recomendaciones en materia de libertad de expresión han sido formuladas por la Comisión Interamericana al Estado venezolano en sus informes anuales e informes país; así como a las reparaciones que le han sido requeridas al Estado por las sentencias de la Corte Interamericana en esta materia.
  • Recomiende al Estado  el  cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el acceso a la información pública y ofrezca su asistencia técnica a  la Asamblea Nacional para impulsar una Ley de Acceso a la Información Pública conforme a los estándares internacionales.
  • Recomiende al Estado el desarrollo de una política pública que garantice el pluralismo y la diversidad. Incluyendo  el impulso de medios estatales de servicio público a toda la sociedad venezolana; la eliminación de prácticas discriminatorias en la distribución del papel prensa, el acceso a las divisas y la administración de espectro radioeléctrico.
  • Reitere al Estado su obligación de respetar el derecho de reunión y asamblea pública y que se abstenga de dictar medidas administrativas o judiciales que restrinjan indebidamente este derecho, incluida la represión y detención de personas que participan manifestaciones pacíficas.
  • Solicite al Estado información sobre las garantías que tienen medios y periodistas extranjeros o internacionales para ingresar al país y cumplir con su labor libremente y sin restricciones ni trabas.
  • Analice las preocupantes decisiones del Poder Judicial venezolano relativas a libertad de expresión e información que incluyen censura, obstrucción del acceso a la información pública, sanciones por desacato y vilipendio.
  • Proponga políticas públicas, basadas en buenas prácticas existentes, que garanticen condiciones que hagan posible el acceso al Internet de calidad en todo el territorio nacional, libre de restricciones y discriminaciones políticas.
  • Fortalezca el seguimiento de casos de  discriminación de personas  por parte del Estado por sus opiniones políticas, protegiendo sus derechos a quienes han sido despedidos en virtud de tal discriminación, y garantizando el acceso a alimentos, becas, servicios y bienes.

Ver Informes presentados a la CIDH:

Informe situación acceso a la información publica en Venezuela-2016

Pluralismo y diversidad-2016

 

Discriminación por el ejercicio de los derechos políticos

Hostigamiento judicial en Venezuela, 2016

Estado reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero

(Prensa Provea) El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre los derechos humanos en el contexto Arco Minero del Orinoco, el Estado venezolano reconoció que ha realizado aún el estudio de impacto ambiental que ordena la Constitución.

La audiencia sobre el Arco Minero del Orinoco fue la última del grupo de 4 sesiones sobre Venezuela realizada el viernes 2 de diciembre en el Hotel Radisson Decápolis de Ciudad de Panamá. La misma fue solicitada por las ONG Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (GTAI-ULA) y Laboratorio de Paz. Los temas que trataron los peticionarios fueron: Violación por parte del Estado venezolano a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental; violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe; el Arco Minero del Orinoco (AMO) y la demarcación de territorios indígenas; el Decreto Arco Minero del Orinoco (AMO) y los  derechos laborales; relación decreto estado de excepción y emergencia económica y Arco Minero del Orinoco (AMO); militarización de los territorios indígenas y recomendaciones.

Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y coordinador del GTAI-ULA, expresó: “En los últimos meses, el gobierno ha comenzado a realizar reuniones para informar a los pueblos indígenas sobre “los beneficios” que van a recibir con el proyecto del AMO. Una vez más, surge la demarcación como una herramienta de negociación. En reuniones con el alto gobierno algunos líderes han planteado que no habrá discusión sobre el Arco Minero hasta tanto sus territorios hayan sido demarcados y titulados”. Al describir el proceso de intervención estatal de las organizaciones indígenas, Aguilar afirmó: “Se ha realizado un proceso de cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades indígenas provocando una aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica indígena por sus territorios.

Por su parte Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, describió las violaciones a los derechos laborales, libre asociación y manifestación pacífica generados por el decreto que crea el Arco Minero del Orinoco (AMO). Además detalló como el decreto de estado de excepción y emergencia económica, en vigencia desde mayo de 2016, permite que las contrataciones para el Arco Minero no deban ser autorizadas por la Asamblea Nacional. Al aludir la militarización de los territorios indígenas, Uzcátegui sostuvo: “El artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, establece que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”. Finalmente el activista relató los casos de criminalización estatal a quienes han cuestionado el proyecto AMO.

En su intervención, los representantes del Estado venezolano, liderizados por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, describieron las motivaciones económicas y sociales que los impulsaba a desarrollar este proyecto de extractivismo. Asimismo afirmaron que en un futuro, cuando estuviera listo, se realizaría la difusión de los estudios d impacto ambiental.

En su intervención final Provea recordó que uno de los componentes de la Consulta Previa era ser informada. Por ello, al no tener los estudios de impacto ambiental como lo ordena la Constitución, es imposible que el Estado promueva ninguna consulta con las comunidades.

Los comisionados de la CIDH rechazaron la criminalización de defensores de derechos humanos que han advertido las contradicciones del AMO. Afirmaron que continuarían monitoreando el proyecto, por ser uno de los temas de interes para la Comisión.

Para observar el video completo de la audiencia CIDH sobre Arco Minero: https://www.youtube.com/watch?v=_9dt2rjLsCM&t=11s

Ver aquí  Informe Arco Minero CIDH, Provea – GTAI – LabPaz

ALANAM recrimina a la OMS y OPS su falta de acción ante la crisis humanitaria

(Caracas, 29/11/2016)  La Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (ALANAM) emitió un comunicado en el cual fija posición ante la “verdadera crisis humanitaria en salud” y recrimina a la Organización Mundial por la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su “silencio e inexplicable falta de acción”.

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